Solo la mitad de las depuradoras costeras cumple con la ley

Ecologistas en Acción ha querido celebrar el Día Mundial del Agua realizando por primera vez un profundo chequeo sobre el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales instaladas en todo el litoral español, las que luego vierten el agua tratada al mar o sobre ríos, lagunas o terrenos costeros. El resultado es un serio toque de atención a las distintas administraciones competentes: solo la mitad de estas plantas cumple con todas las exigencias que les impone la ley.

Las conclusiones del informe de los expertos son bastante representativas de la situación en España de estos instrumentos de la lucha contra la contaminación, pues chequea el funcionamiento de 288 estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas en los municipios costeros de más de 2.000 habitantes, que equivalen al 73% de las 394 existentes en el país. Estas plantas se construyen con el objetivo de, a través de métodos físicos, químicos y biológicos, devolver las aguas residuales urbanas a la naturaleza dentro de unos parámetros sanitarios y de calidad mínimos.

El trabajo, realizado sobre datos de 2019, señala que la mitad de las plantas investigadas, en concreto 144, cumplen con todos los requisitos mínimos de depuración y control establecidos en las normas españolas y comunitarias. La otra mitad, sin embargo, «presenta insuficiencias o incumplimientos en el tratamiento de las aguas residuales o en la cantidad de muestras anuales analizadas».

El 17,7% de las plantas, casi una de cada cinco, tienen problemas de mal funcionamiento. Bien vierten a la naturaleza aguas que incumplen algunos de los parámetros de contaminación o muestran insuficiencias en el saneamiento de las aguas tratadas. En concreto, 36 de las plantas incumplen de uno a tres límites de contaminación establecidos en la normativa y otras 15 realizan una depuración insuficiente de los residuos.

No obstante, el grueso de los incumplidores, dos de cada tres, o bien presenta información incompleta sobre los controles de la depuración o bien publicita datos insuficientes, lo que no permite saber si cumplen con todas sus obligaciones. Esta falta de la transparencia obligada se concentra en las plantas competencia de las autoridades de Cataluña, Murcia y Islas Baleares. Pero lo de otras dos comunidades, Galicia y Canarias, aún es peor. Ni siquiera proporcionan información alguna del funcionamiento de la mayoría de sus depuradoras costeras. La primera autonomía escatimó los datos del 60% de las estaciones y la segunda, del 84%.

Clara Megías, coordinadora del trabajo, considera que «este primer informe de Ecologistas en Acción es una llamada de atención a las administraciones por una doble vía: les exige el cumplimiento adecuado de todas las estaciones que no depuran las aguas respetando los parámetros máximos de contaminación y reclama un mayor nivel de transparencia, que permita a la ciudadanía tener acceso a la información sobre el trabajo de estas plantas de una forma clara y sencilla».