La Policía cree que fueron cinco los vídeos íntimos que se divulgaron de Verónica

El microcosmos de Iveco, con una población bien delimitada y manejable, será el espacio donde se dirimirán responsabilidades en toda la extensión tanto de las vías civiles como penales de los delitos informáticos y la protección de datos. Más gracias a su singularidad: el delito y las infracciones se cometieron de móvil a móvil, y no en el espacio inconmensurable y de anonimato de la red abierta.

Como una situación de «morbo e histeria», describe una fuente vinculada a los trabajadores lo que ha sido la transformación del ambiente. Al principio, el sindicato Comisiones Obreras acusó a la empresa de inmovilidad ante el «acoso laboral». Verónica, de 32 años y empleada de la empresa desde 2006, había denunciado el 23 de mayo ante «la dirección de la empresa», especifica CC OO en un comunicado, acompañada de representantes sindicales, el «acoso» de un compañero. El sindicato también le había recomendado emprender acciones civiles por vulneración de la intimidad y violencia de género: el supuesto acosador había sido su pareja sentimental en el pasado. En Iveco le respondieron que se trataba de un asunto personal.

Dos días después, Verónica, madre de dos niños de corta edad, se ahorcaba en su domicilio de Alcalá de Henares. «La situación está complicada dentro de la fábrica», ratifica una fuente. El lunes, la empresa emitía un comunicado a todos los empleados con la noticia. Ese lunes posterior al suicidio de la víctima se sostuvo que la viralidad del vídeo, que había comenzado a difundirse dos semanas antes del fatídico desenlace, había llegado a un 80% de los trabajadores y que había comenzado en un grupo de WhatsApp de veinte personas. A final de semana la cifra se reducía al 10% de empleados y la versiones comenzaban a bifurcarse. Queda el reconocimiento de que existió, en torno a la víctima, un clima injurioso de burla y escarnio, según distintos testigos, en el que incluso algunos empleados se desplazaban para observar a Verónica en su puesto de trabajo. Una forma de agresión implícita, como las habladurías en las zonas comunes.

Seis días después del suicidio, el destinatario del vídeo sexual, grabado hace cinco años y remitido en esa época y no ahora, prestó declaración voluntaria en la Policía Nacional. A él le había señalado Verónica durante su denuncia ante la empresa, según el comunicado de CC OO. Según se conoció, durante su declaración ante la autoridades el hombre negó ser el origen de la difusión. Fue puesto en libertad sin cargos. De haber sostenido lo contrario, es decir, reconocer el haber enviado ese vídeo a sus compañeros, se habrían abierto varias líneas de acusación, como la 'porno venganza'.

En este punto hay dos versiones. Una, la que señala una única fuente primaria de la divulgación no autorizada de dicha grabación. La otra, que la mujer hubiera enviado el vídeo a dos personas distintas, en momentos distintos. Incluso que había una grabación de contenido erótico de hacía una década. Una novedad es que podrían ser cinco los vídeos de carácter privado que fueron divulgados. Cuestiones que deberá determinar la investigación de la Policía Nacional una vez obtenga la autorización del juzgado para analizar los móviles de los demás empleados de Iveco.