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El VioGén, el sistema policial que determina en España el grado de riesgo que acecha a las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas, necesita de mejoras urgentes. Ha quedado claro tras la ola de dieciséis asesinatos de género vividos entre las navidades y el ... comienzo del año, la más grave desde que hay registros fiables, y lo certifica con números el análisis que el Consejo General del Poder Judicial hace de los crímenes de 2021.
Uno de los capítulos del informe de 117 páginas, el más esclarecedor, es el que escruta los diez episodios (un 20% del total) que terminaron con la mujer muerta pese a que la justicia conocía que su pareja era un maltratador. En dos de cada tres ocasiones lo sabía por la denuncia presentada por la propia víctima y en el resto por un atestado policial.
Los datos indican que, pese a la alerta dada por las maltratadas, el VioGén solo detectó riesgo alto (posibilidad de un ataque grave) en una de las diez mujeres denunciantes que acabaron muertas, lo que supone un acierto del 10%. Es más, este sistema informático alimentado por algoritmos, bases de datos e información específica de cada atestado no avisó de la existencia de riesgo extremo (peligro de muerte) en caso alguno y solo pronosticó una amenaza baja o inexistente para la mujer en el 44% de las denunciantes luego asesinadas.
No solo falló VioGén, el documento del Poder Judicial refleja que en ninguno de los diez casos los agentes encargados de investigar las denuncias discrepó de la valoración automática realizada por la inteligencia artificial y reclasificó al alza el nivel de riesgo potencial de las maltratadas.
La baja percepción policial de la amenaza no se corrigió en las semanas o meses posteriores a la denuncia pese a una serie de elementos que apuntaban una mayor peligrosidad.
Los jueces acordaron la prohición de que el maltratador se aproximase o comunicase con ocho de las nueve víctimas que lo pidieron (a dos le suspendieron el permiso de armas) y solo archivaron uno de los quince procesos iniciados por estas agresiones. Ninguna de las amenazadas pidió la retirada de las medidas judiciales de protección. Ocho de los acusados terminaron condenados, dos mataron y se suicidaron antes de sentarse en el banquillo y en cuatro casos asesinaron a sus parejas sin esperar a que concluyese la instrucción.
Eran quince procesos porque, de hecho, la mitad de las víctimas había denunciado a sus futuros verdugos más de una vez. Eso no hizo saltar las alarmas, pero tampoco otros dos datos preocupantes. Cinco de los diez denunciados, la mitad, eran maltratadores reincidentes: habían sido acusados de ejercer idéntica violencia por parejas anteriores. Y el 15% quebrantó las medidas de seguridad dictadas por el juez.
El 60% de las denuncias se puso por violencia física (empujones, golpes o intentos de asfixia), el 25% por amenazas de muerte o de llevarse a los hijos o vejaciones y el resto por violación de medidas cautelares.
En descargo de la falta de percepción sobre la gravedad del riesgo por parte tanto de VioGén como de los equipos policiales hay que hacer dos matizaciones. En el momento en que se cometieron los crímenes la mitad de las ocho órdenes de alejamiento ya no estaban en vigor y la actitud de alguna de las víctimas había geenrado dudas, pues tres de ellas se negaron a ratificar la denuncia ante los magistrados.
Las mujeres que en 2021 acabaron muertas pese a denunciar tenían varios elementos diferenciales. Eran más jóvenes que la media de asesinadas, el 60% ya no vivía con su pareja (al contrario del resto de fallecidas) y proliferaban las vecinas de ciudades medianas. Entre los verdugos abundaban las exparejas y los maltratadores reincidentes.
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