¿Estado de excepción en internet? El Gobierno busca cortocircuitar la República Digital Catalana

Desde este martes, el Ministerio de Economía y Empresa, sin necesidad de disponer de una orden judicial, podría exigir a los operadores de telecomunicaciones la «gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales».

«Lo de la intervención del Gobierno en redes es inconstitucional si no modifican la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de excepción digital tienen que regularlo con el estado de excepción del mundo real», asegura el Bufete Almeida en su cuenta oficial de Twitter.

El pasado 31 de octubre, el Consejo de Ministros aprobaba el decreto «muy enjundioso», según expresión de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y que perseguía un objetivo «ni habrá independencia off line ni on line», aseguraba Pedro Sánchez. «Vamos a demostrar que el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que en el mundo real. Vamos a anticiparnos», añadía el Presidente del Gobierno en funciones.

Este martes se ha conocido el contenido exacto del Decreto Ley. «Ya esta aquí el decreto urgente que nos acerca más a China y sus políticas liberticidas. En nombre del orden y la seguridad, el Gobierno se reserva la potestad de asumir la gestión o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas». Denuncia la organización Xnet en su Twitter.

Sin embargo, los expertos consultados por este periódico aseguran que «se trata de una medida electoralista». En el artículo 6 en su punto número 5, el Ejecutivo de Sánchez modifica la redacción anterior del artículo y lo hace más claro.

«Podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia», apunta el BOE de esta semana.

Esta modificación, según los expertos, otorga la facultad al Gobierno de cerrar páginas webs que ponga en peligro el orden público, pero, además, «creen graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico». «Ningún funcionario administrativo puede cerrar una web sin cometer un delito. Esto caerá en el Constitucional, como cayó el spam político de la Ley de Protección de Datos», asegura los abogados de Bufete Almeida.