El presidente de la delegación granadina de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), José Manuel Molina Maza, ha mostrado su preocupación por los últimos episodios violentos que han salpicado el fútbol amateur granadino y ha pedido cambios a nivel nacional para implantar medidas más contundentes.
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Molina Maza ha admitido que están «muy preocupados» por estos hechos, los de este pasado fin de semana y los anteriores, pero advierte de que, desde la federación, «estamos poniendo el foco en lo que podemos controlar desde nuestros estamentos, como son clubes, jugadores, árbitros y entrenadores, pero no podemos controlar al público». Es ahí donde, entiende, radica el principal problema, por eso pide «ayuda a las administraciones», como la subdelegación del Gobierno, «que son los únicos que nos pueden ayudar con el público que entra a nuestros campos de fútbol».
El presidente del fútbol provincial apunta que los espectadores que acuden a los partidos, tanto de fútbol base como sénior, «son los que más problemas nos están causando. Este fin de semana el padre que agrede al entrenador y la madre que agrede al árbitro». Advierte de que desde el estamento «no podemos hacer nada contra esas personas, son denuncias que ponen a nivel particular los agredidos».
Por eso «pedimos a la subdelegación del Gobierno que se le aplique la Ley del Deporte, que actualmente solo se aplica sobre el fútbol profesional, cosa que no entendemos, porque de esta forma estamos desprotegiendo al fútbol base, que es donde es más necesaria». De esta forma, las sanciones parten de los 3.000 euros «hacia arriba» y «se les prohíbe entrar a instalaciones deportivas durante dos años». «Eso sí les haría plantearse las cosas. Las multas a las que se enfrentan ahora, de 60, 80 o 100 euros y por eso no tienen ningún tipo de miedo», puntualiza.
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Respecto a las medidas que plantean los clubes tras los incidentes de este pasado fin de semana, Molina Maza apunta que la federación no puede hacer un parón a nivel institucional y explica que «si un club no se presenta, se enfrentaría a una sanción, a la pérdida de puntos por incomparecencia». Puntualiza que, para adoptar esta medida, «deberían estar el 100% de los clubes de acuerdo, que no lo están», aunque asegura que esta opción tiene su «máximo respeto».
Más interesante entiende que puede ser jugar a puerta cerrada, una medida que «tienen que tomar los clubes junto a sus ayuntamientos». «Esa medida me gusta más porque podríamos comprobar si en esos partidos se producen incidentes, si hay menos tarjetas y menos conflictos, y demostrar que son los de fuera los que generan esos problemas en nuestros campos», añade Molina Maza.
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Desde la federación entiende que se está aplicando con dureza el reglamente ante este tipo de situaciones: «La última medida que hemos puesto en marcha es hasta dos años sin jugar por una agresión. Nos estamos yendo al máximo para que entiendan los que están dentro de nuestros estamentos que a nosotros no nos va a temblar el pulso. No queremos violentos dentro de nuestro estamentos».
Existe un protocolo de prevención, que incluye «un programa de juego limpio donde hacemos charlas a padres, premiamos a los clubes, un delegado entre los padres para controlar el comportamiento en las gradas...», pero «el principal problema es en el público, y no solo en los padres», y ahí pierden competencias para poder actuar. Por eso insiste Molina Maza en pedir «más ayuda de las administraciones».
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El fútbol está en el foco de la sociedad por estos comportamientos violentos. «Estamos acostumbrados a que el sirve de desahogo para toda la semana, donde hay barra libre para insultar», ensalza Molina Maza, y eso no se puede permitir. «En nuestros campos comportamientos homófobos o xenófobos no se vigilan, tiene que estar el árbitro pendiente para parar el partido», por eso insiste en solicitar la intervención del Gobierno.
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