2.500 parados granadinos mayores de 52 años pueden solicitar ya el nuevo subsidio

La ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años viene acompañada de otras disposiciones. Por ejemplo, el incremento de su duración máxima. Antes de este decreto ley los parados de larga duración debían optar entre quedarse sin este subsidio o jubilarse anticipadamente. Ahora podrán seguir percibiendo esta renta hasta la edad legal de jubilación. Además, podrán optar a él sin tener en cuenta si reciben otra renta en la unidad familiar, tal y como viene recogido en el BOE del martes.

El objetivo, según expresa el Gobierno en el BOE es asegurar «políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral», como son los mayores de 45 años. Además, el Gobierno pretende garantizar la protección actual y futura, ya que la base de cotización de la renta pasará del 100% al 125%. De esta forma, se mejoran las condiciones de la futura pensión de jubilación.

Por otra parte, el mismo decreto ley también contempla acciones para favorecer la contratación de personas que estén en situación de desempleo 12 meses de los 18 anteriores mediante una bonificación a las empresas que contraten estos perfiles, que alcanzan los 108,33 euros mensuales y los 125 euros en el caso de las trabajadoras. Esta bonificación se mantendrá siempre que el contrato dure al menos tres años.

Las medidas que recoge este real decreto no son del todo nuevas. El Gobierno presentó estas actuaciones junto a los Presupuestos Generales pero y al no ser aprobados se ha recurrido a este instrumento de «urgencia»tal y como explica el texto del BOE.

De cualquier modo, el Real Decreto Ley 8/2019 ha sido aplaudido por UGT y CC OO. El secretario general de UGT en Granada, Juan Francisco Martín, valora de forma positiva la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, ya que «restituye las condiciones anteriores a los recortes realizados por el Partido Popular, que elevó a la edad a los 55 años». Esta medida, recuerda el representante sindical, «favorece, no sólo a beneficiarios futuros, sino también a los actuales, incluyendo las personas desempleadas que habían perdido el derecho al subsidio por desempleo debido a los recortes realizados por el anterior Gobierno». El representante de UGT en Granada destaca que gracias a esta decisión se impide que haya un colectivo que se «vea condenado a pensiones mínimas para el resto de su vida». UGT reconoce en el colectivo que se va a ver más favorecido por esta orden al más «golpeado por la crisis, con mayor riesgo de hundimiento de sus condiciones de vida y que más difícil ha tenido y tiene conseguir empleo». Por eso, según la información facilitada por el sindicato, la restitución de las condiciones de este subsidio ha sido una exigencia permanente de UGT.

También el sindicato CC OO ha celebrado la vuelta a las condiciones de este subsidio previas a 2012. Clara Castarnado, responsable de Empleo de CC OO Granada, señala que se trata de una reivindicación de este sindicato. Añade en declaraciones a este medio que esta medida «es fruto del diálogo social, acordada el pasado mes de septiembre entre sindicatos y Gobierno». Castarnado resalta que «incluso se mejoran las condiciones para este subsidio previas a 2012».

Por otra parte, las organizaciones que ofrecen programas de inserción laboral para mayores de 45 años también consideran que es una buena noticia la aprobación de este Decreto Ley. Miguel Ortiz, que trabaja como técnico del programa de Empleo de Cáritas desde hace 20 años, matiza que más allá de la ayuda económica, es muy beneficioso para el colectivo por la ventaja que van a tener estas personas en su jubilación. Además, Ortiz destaca que al estar dentro de un colectivo que recibe un subsidio es de esperar que «tengan prioridad frente a los servicios públicos a la hora de acceder a una serie de recursos que antes no tenían».

El Real Decreto incluye también un incremento de la prestación por hijo a cargo que pasa de los 291 euros anuales a los 341. La cuantía podría ascender a los 588 euros para aquellas familias que se sitúan en los niveles de pobreza más severa.

El documento del BOE reconoce que el gasto en familias e infancia de España es inferior a la media de la Unión Europea –un 5,3% del gasto social frente al 8,4% de Europa–.

España está en el punto de mira de la Unión Europea y de la OCDE en este sentido. En Andalucía, 31 de cada 100 familias vivían en 2017 en riesgo de pobreza, según los datos del INE. La tasa se redujo ese año porque en los anteriores se llegó a alcanzar el 35,7%. Esta situación tiene una grave consecuencia en la infancia según recoge el documento del BOE, y es por esto, por lo que el Gobierno ha justificado la urgencia en la aprobación del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.