Cerca de 40.000 viviendas de Granada tendrán que cambiar su contador de la calefacción

Una disposición que afectará a aproximadamente 1.200.000 edificaciones de todo el país, como indicó a la redacción de este periódico Ignacio Abati, el presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA). «Este Real Decreto dice, básicamente, que todos los edificios que tienen calefacción central tendrán que contar con un sistema mediante el cual cada familia pague en función de la calefacción que realmente consume. Es lo mismo que sucede con el agua, el gas o la electricidad. En calefacción, en España, tradicionalmente pasa algo diferente», sintetiza. La idea de la norma, en vigor realmente desde el pasado 7 de agosto de 2020, es que los vecinos adheridos a un sistema de calefacción o refrigeración centralizado paguen una cuota que se ajuste a su gasto de este servicio.

«Esto, fundamentalmente, se hace porque el potencial ahorro energético de esta iniciativa, que es muy simple y solamente cambia el comportamiento de las familias, es de un 20%», desgrana Abati, quien subraya que «cada familia media, de una vivienda media en España, va a ahorrar aproximadamente entre 200 y 230 euros al año en su calefacción, va a tener más conciencia de su propio consumo energético porque va a tener mucha más información». En concreto, el ahorro potencial por vivienda en Granada capital se estima en 220€ al año, según detalla el presidente de AERCCA, que también puntualiza que en la ciudad hay «mucha calefacción central».

Son en torno a 40.000 viviendas que cuentan con este servicio comunitario. La aplicación de este decreto supondrá que su cuota mensual de comunidad se verá reducida y, a cambio, recibirán una factura más cada mes, correspondiente a su gasto en concepto de calefacción, que en proporción también se verá reducido. «En este momento, la calefacción central se paga a través de la cuota de comunidad. A partir de ahora, lo que van a recibir es una liquidación individual, igual que reciben la factura de la luz, la del gas o la del agua», aclara Abati.

La aplicación de este Real Decreto está determinada por la zona climática en la que se hallen los edificios que cuenten con sistemas centralizados, así como por unos plazos marcados con base en esta clasificación. De hecho, no todas las localidades españolas estarán obligadas a sustituir sus contadores. Granada es, según el presidente de AERCCA, una capital «diferencial con respecto a Andalucía», ya que «es mucho más fría que cualquier otra ciudad andaluza». En la provincia, que no está exenta de esta normativa, el coste de la calefacción es más alto que en otras de la comunidad, lo que supondrá que el ahorro en metálico será también mayor, a pesar de que el porcentaje medio de todo el país sea el mismo.

«Lo que determina la zona climática no es la provincia en la que esté la ciudad, sino la propia ciudad. Puede ser que Granada esté en una zona y La Herradura, que es costera, esté en otra, mucho más cálida», matiza Ignacio Abati. Y, en efecto, así sucede. La capital recibe una calificación C3 y, como otros 159 municipios granadinos, sí está obligada a actuar. Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Jete, Molvízar, Motril, Otívar, Salobreña y Vélez de Benaudalla son los únicos nueve pueblos de la provincia en las que las comunidades no tienen que sustituir los contadores centralizados.

Salvo este último grupo, todos los demás municipios de Granada están catalogados en los niveles E, D y C, para los que existen distintos plazos de cumplimiento del Decreto. Los edificios que cuenten con 20 o más viviendas en una zona climática E deberían haber solicitado presupuesto antes del día 1 de febrero de este año y disponen hasta el 1 de mayo de 2022 para completar la instalación. Los bloques en estos territorios, así como aquellos de 20 pisos o más en regiones D tendrán hasta el 1 de octubre de 2022 para finalizar la sustitución.

Las edificaciones con menos de 20 viviendas ubicadas en una zona climática D y las que superen dicha cifra de pisos en una zona C tienen un mes, hasta el 1 de diciembre, para solicitar presupuesto, tras lo que podrán actuar hasta el 1 de marzo de 2023. Por último, los bloques con menos de 20 domicilios que se encuentren en una zona climática C podrán solicitar presupuesto antes del 1 de febrero de 2022 y finalizar la instalación hasta el 1 de mayo de 2023, que es la fecha límite en todo el país.

La responsabilidad de acometer esta sustitución de los contadores comunitarios por sistemas individualizados es del titular del sistema, que por norma general es la comunidad de propietarios o la persona que posee el edificio. «Es decir, no puede ser alguien que diga 'yo lo quiero hacer por mi cuenta'. Al ser obligatorio no es una decisión, sino un hecho en sí. Es una iniciativa que tiene que ser promovida a través de la comunidad de propietarios en su totalidad», resalta Ignacio Abati.

Las comunidades autónomas son las encargadas de comprobar que cada edificio cumple la normativa, inspeccionar y multar, en caso de que fuera necesario. Las sanciones, si no se cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 736/2020, oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros, a tenor del régimen sancionador «previsto en los artículos 77, 78, 80 y del 82 al 86 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y demás normas que sean de aplicación», según recoge el décimo artículo de la norma.