Corrupción, escándalos y escuchas en Granada que mutaron en 20 años de espera

Una denuncia anónima, otra de un afectado y un aviso del PSOE a fiscalía sobre unas presuntas irregularidades urbanísticas fueron suficiente para que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Santa Fe empezara a tirar de la manta. Entre los acusados, el exalcalde de Alhendín José Guerrero (PP), el exedil de Urbanismo, Manuel Fernández, otros dos antiguos concejales, el arquitecto municipal y varios promotores, han tenido que saldar cuentas con la justicia. Sobresale entre estos últimos el empresario sevillano Juan Leocadio Muñoz Támara, marido de la presentadora televisiva Ana Rosa Quintana.

Noticia relacionada

«Tuve que buscar un equilibrio entre avanzar el proceso judicial y desarrollar el pueblo»

El caso Marchelo se cocinó a fuego lento hasta estallar por completo con la primera detención en 2007. Aunque ha tenido muchas aristas, se delimitó principalmente a tres ejes de presuntas irregularidades. El primero de estos ejes es Marchalhendín, el polígono empresarial que impulsó la empresa Parque Empresarial Alhendín, cuyo consejero delegado fue el marido de Ana Rosa. Se habrían producido numerosas infracciones de la normativa urbanística en las que el juez observó dejación manifiesta y maliciosa de las funciones de inspección en la concesión de la licencia.

El segundo eje, relacionado con la construcción de la urbanización Novosur, se actuó «con el fin de favorecer al promotor» y se observan indicios de que el exconcejal de Urbanismo, en su propio provecho, pudiera haber recibido del promotor inmobiliario una «dádiva», consistente en una vivienda sita en la urbanización Altos de Vista Nevada de Armilla, valorada en unos 340.000 euros. Por último, en lo que respecta a la gasolinera, el exalcalde José Guerrero revisó las normas subsidiarias del planeamiento del municipio y reclasificó una zona donde estaba una finca rústica que había adquirido junto sus hermanos en 1989. Pasó a suelo urbano directo y en 2002 vendieron la finca a una mercantil a la que luego le otorgó licencia para hacer una gasolinera.

El 22 de mayo de 2006, la Policía Nacional presentó un oficio al juzgado y solicitó intervenir el teléfono de Manuel Fernández, edil de Urbanismo. Un día después se autorizaron las escuchas, que duraron casi un año. Más de 200 horas de grabaciones que se filtraron más adelante. En marzo de 2007 le detuvieron y se abrieron las actuaciones. La operación saltó a los medios definitivamente con las entradas y registros en el ayuntamiento, las empresas y domicilios. El concejal fue puesto en libertad provisional con fianza y el juez empezó a tomar declaración a todos los implicados. El primer auto de procedimiento abreviado se cerró el 21 de octubre de 2009. Por aquella época no había límite de la instrucción como ahora y, lo lógico, es que se hubiera juzgado en un horizonte de un par de años, pero el Ministerio Fiscal y las partes presentaron varios recursos que provocaron que se abrieran diligencias complementarias, lo que dilató el proceso.

El próximo paso firme se produjo en 2012, cuando se acuerda la práctica de esas diligencias que duraron hasta 2016 –se consideró que la primera investigación se había cerrado en falso–. Los informes y las pruebas policiales, que eran farragosas, se alargaban año o año y medio. Incluso se tuvo que poner a prueba las servidumbres aéreas por la construcción de los 1.200 pisos de Novosur. Según un real decreto de 1972, el Ejército tiene que dar permiso antes de mover un solo ladrillo en la zona por la cercanía de la base aérea de Armilla. Sin embargo, hasta año y medio después de que empezaras las obras el ministerio no se había enterado. Al final se llegó a un acuerdo entre ambas partes, pero las pruebas fueron farragosas, como las que se practicaron en el cauce del arroyo Marañón, que se desvió para edificar.

El caso pasaba incluso medio año en el limbo hasta que lo tocaba algún juez. En los primeros años lo llevó el mismo togado, Miguel Ángel Gómez Torres, después han pasado casi una decena por Santa Fe, el primer destino de muchos profesionales. Hay jueces que pasaron por allí sin tocarlo, según explican las defensas.

El 6 de agosto de 2019 se formuló el escrito de acusación. Las actuaciones entonces, tan solo las principales, sumaban 7.000 folios de sumario. El escrito se recurrió y cuando se resolvieron, se tuvo que digitalizar toda la documentación. Para ello, la Audiencia contrató a una empresa. La digitalización del último tomo concluyó en 2021. Posteriormente, los abogados tardaron unos tres meses en terminar los escritos de defensa. En octubre de 2024 ya la Audiencia decidió dividir en tres piezas la causa para agilizarlo.

«Las dilaciones indebidas eran muy fuertes. Estas personas han estado 20 años con la posibilidad de ser condenados a penas de prisión. Además de la propia complejidad del asunto, la culpa es en parte también de la lentitud de la justicia. El proceso Malaya se instruyó en cinco años. Por eso, ahora se llegan acuerdos en el caso Marchelo, porque no es justo que a nadie lo juzguen 20 años después», argumenta Rafael López Guarnido, defensa del exconcejal de Urbanismo.

De la misma forma, considera que el caso se usó también en el terreno político, lo que complica las cosas, tal y como sucedió también en el Caso Nevada, aunque éste afectó al PSOE. En la misma línea, otra fuente judicial consultada por este periódico, explica que el regreso del PP a la alcaldía años más tarde cambió la personación y la forma de actuar del consistorio.

Por su parte, José Manuel Urquiza, abogado de la acusación, está relacionado con la causa desde los inicios, se «atrevería a decir que ha sido la instrucción penal más larga de España», resume. Considera que las demoras «han sido beneficiosas para las defensas». «Con la atenuante de dilaciones indebidas, las penas se pueden reducir hasta la mitad.

Por último, Rafael Revelles, defensa de un técnico encausado, relata que hace siete años que se hizo cargo del asunto y traslada que su cliente «ha obrado en todo momento dentro de las competencias como arquitecto técnico y nunca ha variado su posición técnica», con respecto a la pieza de la gasolinera.

La causa se ha demorado tanto que el exalcalde ha cumplido 94 años y, por su estado de salud, le han archivado el asunto. Hasta seis redactores de este periódico han abordado la judialización del caso Marchelo. Incluso uno de los empresarios imputados falleció a la espera de resolución, un final que está un poco mas cerca.