Okupas en Granada

Paralizan el desalojo de las 27 familias 'okupas' de Almuñécar Hills

La urbanización quedó paralizada en los últimos compases de su construcción a consecuencia de la crisis del ladrillo de 2008. En 2015, con el boca a boca, empezaron a okuparse las casas tras la quiebra de la promotora. Pero los propietarios actuales, un fondo de inversión, Promontoria Holding 140 BV, han iniciado el procedimiento de la ejecución hipotecaria a través del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Almuñécar. Hace dos semanas, la Guardia Civil, junto a miembros de la comisión judicial confirmaron el estado de 'okupación' de la promoción, identificaron a sus moradores y procedieron al desalojo de nueve casas.

La Benemérita, por orden judicial, dio el 10 de mayo diez días de plazo a las 27 familias restantes para abandonar la urbanización. Los vecinos que quedan, que apuntan a este medio que no se van ante la falta de recursos y solución habitacional, aguardaron en la mañana de ayer en el interior de sus casas. Pasadas las 12.00 horas del mediodía, un agente de la Guardia Civil les comunicaba la suspensión del desalojo.

El próximo 28 de mayo los propietarios tienen previsto tomar posesión de las nueve viviendas que ya desokuparon y blindaron con puertas antibumping, denominadas comúnmente antiokupas. La Plataforma Stop Desahucios señala que ha tendido su mano al fondo de inversión para negociar. Las familias quieren acceder a un alquiler social o solicitan «de buena fe» que los propietarios esperen al final del periodo vacacional para poder acceder a un arrendamiento asequible por su cuenta. Además, se ha solicitado al juzgado que los okupas puedan recuperar sus pertenencias de las viviendas que se han cerrado.

«En esta urbanización viven muchas familias en riesgo de exclusión social, mujeres maltratadas, refugiados, personas que han pedido el asilo político, menores de edad y un sinfín de casos que no se pueden tratar a la ligera», destaca Mayka Ortega, activista de la plataforma. Stop Desahucios explica además que el procedimiento de ejecución hipotecaria que ha solicitado el fondo de inversión es erróneo. Los okupas no han contraído hipoteca ni tienen contrato de alquiler porque entraron en las casas cuando estaban abandonadas.

Los inquilinos ilegales cuentan que hasta este mes, con algunos altibajos, no habían tenido problemas. Por allí sí han pasado vecinos problemáticos y algunas personas que no tenían necesidad de okupar una vivienda. Siempre hay alguien que le echa morro. Fue a raíz del desmantelamiento de un criadero con 298 plantas de marihuana cuando los residentes okupas que nada tenían que ver con esta actividad temieron por lo que consideran sus casas.

La intervención de la Guardia Civil, que se incautó de las plantas de cannabis sativa, ahuyentó a estos moradores. Las familias vulnerables cuentan que estos okupas conflictivos destrozaron por completo las viviendas a su salida. IDEAL pudo entrar en una de ellas, llena de escombros y cristales rotos, a comprobarlo. No han dejado ni las barandillas de las terrazas con vistas al mar. «Han impedido que entre alguna familia que lo necesitan», lamentan con rabia los afectados.

Este medio se puso en contacto con los representantes del fondo de inversión sin haber obtenido respuesta.