Daniel Portero: «No se está cumpliendo la ley»

Portero ha expresado su «decepción» con el Estado de Derecho al saber que el terrorista, condenado a más de 130 años de cárcel por los asesinatos de su padre, del concejal malagueño José María Martín Carpena y del médico sevillano Antonio Muñoz Cariñanos, podría estar a punto de salir en semilibertad tras 24 años de reclusión.

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El presidente de Dignidad y Justicia ha asegurado que el compañero de comando de Iragi, Igor Solana Matarran, ya está disfrutando del tercer grado: de lunes a viernes sale por la mañana de la prisión de Martutene (Guipúzcoa), pasa el día en su domicilio de Rentería y regresa solo para dormir al centro penitenciario. También disfruta de libertad durante los fines de semana completos, ha afirmado. Se da la circunstancia de que Solana tuvo un hijo con la también terrorista Eider Pérez cuando ambos coincidieron en la prisión de Albolote. El niño nació en un hospital de Granada.

«No se está cumpliendo la ley», ha asegurado Portero, en alusión a la falta de colaboración de ambos terroristas en el esclarecimiento total de los crímenes que cometieron en Andalucía en el año 2000. Iragi y Solana fueron condenados a 54 años de prisión por el asesinato del fiscal jefe del TSJA en 2002, y en 2008 fue procesado como inductor el entonces miembro de la cúpula de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, condenado a 30 años por facilitar información sobre la víctima a los miembros del comando.

La familia Portero ha tratado en varias ocasiones de que la Justicia procese también como autores intelectuales del asesinato a los otros dos etarras que en aquel momento dirigían la banda terrorista, Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Ainhoa Múgica Garmencia, 'Olga'. Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que había reabierto el sumario en 2019 tras la petición de nuevas diligencias por parte de la familia, cerró el caso un año después por falta de pruebas.

La última querella del hijo de Portero, presentada el pasado mes de marzo, pedía la incorporación al sumario de una carta manuscrita de Igor Solana a la cúpula etarra tras su detención en Sevilla en octubre de 2000. En su 'kantada' –el relato sobre la información desvelada a las Fuerzas de Seguridad que los terroristas estaban obligados a hacer llegar a la jefatura de la banda tras su detención–, Solana reconocía que recibió órdenes sobre los atentados en Andalucía de 'Txapote' y de Olarra Guridi, asegura la acusación particular.

«El Código Penal y el reglamento penitenciario establecen que la colaboración efectiva con la Justicia es condición 'sine qua non' para acceder al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional, y ellos no están colaborando», ha recordado Daniel Portero, que confió en que el fiscal y el juez instructor les llamen a declarar a raíz de su querella para comprobar si, efectivamente, cooperan.

En ese sentido, ha asegurado que la familia se dirigirá al juez de vigilancia penitenciaria para que revoque el tercer grado de Iragi, un procedimiento que ya hicieron en el caso de Solana, sin éxito. «Las víctimas estamos atadas de manos en estos casos. Dependemos de la Fiscalía y la Fiscalía no hace lo que debe», ha añadido.

Respecto a la circunstancia de que el tercer grado a Harriet Iragi sea el primero que concede la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Daniel Portero ha expresado su disgusto. «El PSOE ha perdido sus valores, cuando tiene tantas víctimas a manos de ETA –ha lamentado–. Depende de los votos de Bildu y del PNV y está sometido a ellos».

Desde un punto de vista personal, ha asegurado, es «doloroso» saber que el terrorista que destrozó el cerebro de su padre de varios disparos está a un paso de salir a la calle.