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El etarra Harriet Iragi y la consejera María Jesús San José. D. V.
El Gobierno vasco concede el tercer grado a Harriet Iragi, el etarra que asesinó a Luis Portero

El Gobierno vasco concede el tercer grado a Harriet Iragi, el etarra que asesinó a Luis Portero

Se trata de la primera medida de semilibertad para un terrorista que otorga la consejera socialista de Justicia

A. González Egaña /I. Gallastegui

Vitoria / Granada

Martes, 1 de octubre 2024, 14:13

La consejera socialista de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha autorizado su primer tercer grado a un preso de ETA. Se trata del recluso de la banda Harriet Iragi, interno en la prisión de Basauri (Vizcaya), que está ahora pendiente de conocer si el fiscal de la Audiencia Nacional recurre la decisión del Ejecutivo. Iragi es el autor material de los disparos que acabaron con la vida del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, el 9 de octubre del año 2000.

La progresión a tercer grado de Harriet Iragi, confirmada por fuentes del Gobierno vasco y de la que da cuenta el Observatorio de Política Penitenciaria que publicó ayer la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), actualizado a 30 de septiembre, es la primera autorización de una semilibertad por parte de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos en manos del PSE desde la conformación del nuevo Ejecutivo presidido por Imanol Pradales, del PNV.

Los socialistas son desde el pasado mes de junio los encargados de decidir esta legislatura sobre la concesión de terceros grados a los presos de ETA, una de las cuestiones más sensibles que ha asumido el PSE y que desde su llegada al Departamento aún no se había materializado en el caso de los reclusos de la banda. Sí se habían concedido semilibertades presos no relacionados con el terrorismo de ETA. La propia consejera explicó en una entrevista en este periódico, el pasado 8 de septiembre, que había «algunos expedientes» de petición de semilibertad que estaban en estudio y que en cada caso van a «aplicar rigor y garantías de los derechos en la aplicación de la legislación penitenciaria y el cumplimiento de las sentencias».

Atentados en Andalucía

Harriet Iragi Gurrutxaga cumple prisión como responsable de una secuencia de atentados mortales cometidos en Andalucía en el año 2000 por el 'comando Erraia', que integraba junto al también vizcaíno Igor Solana Matarran. Fue condenado en 2001 a 30 años de prisión como responsable del asesinato del concejal del PP de Málaga José Martín Carpena el 15 de julio de 2000. En 2002 se le impuso la pena de 54 años por el atentado contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero García, el 9 de octubre del mismo año 2000 en Granada. También está condenado a 53 años por acabar con la vida de Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, otorrinolaringólogo y coronel del Ejército del Aire, que fue tiroteado en su consulta en Sevilla del 16 de octubre de ese mismo año.

El Gobierno vasco ya concedió el tercer grado a su compañero de comando y coautor de los tres asesinatos, Igor Solana, el pasado 31 de mayo. El recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dejó en suspenso esa decisión, pero el recluso volvió a solicitar su progresión de grado y actualmente disfruta de este régimen, que le permite salir de prisión durante el día y regresar solo para dormir, según confirma la familia de Luis Portero.

Actualmente, de los 158 presos de ETA que siguen cumpliendo condena, 112 lo hacen en alguno de los tres centros penitenciarios de Euskadi –29 en Martutene (Guipúzcoa), 57 en Zaballa (Álava) y 11 en Basauri (Vizcaya)–, 6 son internos en la prisión de Pamplona y otros 40 se encuentran en régimen de prisión domiciliaria o libertad condicional, según el citado Observatorio de Política Penitenciaria.

Con este último tercer grado conocido ayer, suman 66 los presos de ETA que se han beneficiado de un tercer grado desde que hace justo tres años el Ejecutivo vasco asumió la responsabilidad de Prisiones. Los 65 anteriores terceros grados fueron autorizados cuando la Consejería de Justicia estaba en manos del PNV, comandada por Beatriz Artolazabal y posteriormente, por Nerea Melgosa. En 15 ocasiones, semilibertades avaladas por el departamento dirigido por las dos políticas jeltzales han sido recurridas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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