Los daños de la DANA en Granada ascienden a más de 26 millones de euros

«En comparación con anteriores tormentas ha sido especialmente grave. Los daños se han cuantificado inicialmente en 26 millones de euros», ha lamentado José Antonio Montilla Martos, subdelegado del Gobierno. «Hemos intentado ser lo más amplios posibles en la convocatoria para no olvidar a nadie. Además, el consejo de ministros declaró zona gravemente por una emergencia de protección civil lo que nos facilita la tramitación de distintas ayudas. 61 municipios han sido llamados a la reunión en total, no todos tienen daños considerables, pero explicaremos cuales son las ayudas a las que pueden acceder y cuál es el procedimiento«, ha explicado Montilla.

La Subdelegación del Gobierno llevará de la mano a los municipios afectados en todo el proceso de petición de las ayudas. Se ha contratado a dos personas para que colaboren con Protección Civil en la tramitación del expediente, con el fin de agilizar las ayudas que tienen un plazo de presentación de un mes. «Al haberse declarado zona catastrófica esta convocatoria permite mejoras con respecto al régimen ordinario de solicitud de ayudas y ya no solo entran servicios esenciales, si no cualquier daño que haya afectado a los servicios municipales», ha advertido el subdelegado.

Cualquier obra a consecuencia de daños de la DANA se incluyen a las ayudas y los municipios afectados tendrán a su disposición servicios del estado como la empresa Tragsatec, entre otros. «Les acompañaremos en toda la solicitud para conseguir el objetivo de que todo vuelva a la normalidad», ha sentenciado. Estas subvenciones serán complementarias a las de otras administraciones, como las de la Junta de Andalucía que también ha lanzado una convocatoria de ayudas.

Los pasos habituales para acceder a la declaración son que el municipio lo solicite a la Subdelegación del Gobierno acompañando de informes que justifiquen la petición, como acreditación de que se trata de una emergencia y la valoración del siniestro. La Subdelegación del Gobierno eleva a la Dirección General de Protección Civil, que estudia el caso concreto y si lo estima conveniente lo eleva a su vez a Consejo de Ministros para su aprobación