Dieciséis familias ya han denunciado por la estafa de las escuelas de fútbol

Entre las familias denunciantes hay casos muy curiosos, como la de un menor marroquí cuyos padres abonaron 15.000 euros porque su hijo acudiera a una de estas escuelas de fútbol. Hay familias de Estados Unidos, Colombia, Brasil o México, entre otras nacionalidades, a quienes le vendieron el 'milagro' de poner a sus hijos en el escaparate del fútbol profesional a cambio de cantidades abultadas de dinero, que oscilaban entre los 1.500 y 1.700 euros, previo abono de 5.000 euros más.

La primera denuncia fue de un entrenador brasileño exmiembro del club Cubillas y de un exjugador de Corea del Sur perteneciente al mismo equipo. Ellos destaparon esta presunta trama y todo fue por el prurito del entrenador brasileño, que al parecer se comprometió con la familia del jugador de Corea del Sur, a la que presentó un proyecto idílico. Después de cierto tiempo y, tras comprobar que las promesas se habían convertido en humo, decidió formalizar la correspondiente denuncia junto al jugador coreano, que cuando llegó al Cubillas era menor de edad y ahora, con 18 años, juega en un club de Extremadura.

La trama comenzaba cuando la organización trataba de convencer a la familia de que, a cambio de ese dinero, sus hijos iban a obtener formación académica y deportiva, sin necesidad de preocuparse del visado o el pasaporte –condición para obtener el permiso de estancia en España–, que se les garantizaba a través de los servicios jurídicos de estos dos clubs de fútbol.

La realidad era otra. Los menores y los jóvenes futbolistas procedentes de otros países venían como turistas para tres meses y, en ese periodo, los clubs presentaban las solicitudes para obtener el permiso de estancia en España por razón de estudios, pero lo hacían sin mucho convencimiento, porque de las más de 160 solicitudes presentadas en Extranjería, solo obtuvieron un permiso de residencia por estudios. El resto fueron rechazadas, pero no hubo recursos por la vía de lo contencioso-administrativo contra ninguna de las peticiones rechazadas por Extranjería.

En esos tres meses, las familias ya habían abonado los 5.000 euros iniciales e iban pagando mes a mes lo solicitado por estos clubs. Después, con la negativa del visado, se les cerraba la posibilidad de poder jugar partidos oficiales: era el final del sueño prometido. Después venía otra remesa de futbolistas y otra vez se repetía el mismo ciclo, según confirma la Policía.

«Es importante trasladar a las familias un mensaje de prudencia ante estas promesas de convertir a sus hijos en profesionales del fútbol a cambio de cantidades de dinero importantes», señaló Juan López, inspector, jefe del grupo 1 de la Ucrif de la Policía Nacional en Granada. «En las denuncias presentadas es curioso cómo la mayoría de estos jóvenes mantienen que habían venido aquí con la idea de emular los pasos de Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo», advirtió este inspector.

Después de haber captado a las familias en los países de origen, entraba en juego el segundo nivel de la trama: los centros docentes. Se trata de dos academias privadas que ofertaban formación en español y en la rama deportiva. Emitían matrículas falsas y los menores no aparecían por sus clases. La condición para obtener el visado era estar matriculado en un centro que tuviera el reconocimiento del Instituto Cervantes, que sí tenía la academia de la capital granadina, pero no el resto.

También llegaron a utilizar las instalaciones municipales de Las Gabias para que los menores dieran clases online de un curso realizado por un centro norteamericano, cuya validez para conseguir el visado era nulo. Los menores no estaban escolarizados.

Por último, estaba el entramado del club que se los traía y les facilitaba el alojamiento y la formación deportiva. Ambos clubs contaban con dos cocineras, que no tenían ningún contrato de trabajo, y, en el caso del Cubillas, esta trabajadora se encontraba de forma ilegal en el país. El Base Las Gabias disponía de una casa de dos plantas comprada por la directiva, donde se alojaban 40 menores; y el Cubillas los repartía en dos viviendas, pero ambas las tuvieron que abandonar por impago.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta después de seis meses enfrascados en un caso con muchas horas de trabajo.