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Un gran cartel con letras descoloridas que invita a abonarse por 30 euros para la temporada 2005-2006 preside aún la entrada de la antigua ciudad deportiva Granada 92, las instalaciones que se utilizaron como sede del equipo de fútbol Granada 74 hasta ese año. ... En la parcela de más de 30.000 metros cuadrados permanecen en pie las oficinas del club, dos campos de fútbol y el gigantesco esqueleto de hormigón de lo que iba a ser un complejo comercial, con dos plantas de parking subterráneo y pistas deportivas.
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Granada 92 fue el sueño del inversor deportivo Carlos Marsá, presidente del Granada 74, que había comprado los terrenos a la ciudad para levantar un ambicioso complejo que comenzó a construirse en 2001 y quedó completamente paralizado en 2008, después de un culebrón de enfrentamientos entre antiguos socios, conflictos con el Ayuntamiento que detuvo las obras y líos judiciales que darían para escribir varias páginas.
La parcela de la antigua Granada 92 arrastra el que quizá sea el mayor embrollo judicial y urbanístico de las últimas dos décadas en la ciudad pero a la vez estos terrenos, frente al edificio de la Junta de Andalucía en la Zona Norte, son a día de hoy uno de los suelos más atractivos de lo que aún están pendientes de desarrollo en Granada.
Y los promotores han puesto sus ojos en ellos. Tras años de paralización, se dan dos circunstancias paralelas que van a dar un giro de 180 grados al escenario actual para permitir que la parcela de la antigua Granada 92 pueda desarrollarse en los próximos años.
La principal es que el Ayuntamiento de Granada está convencido de que con la actual calificación del suelo –que sigue siendo deportivo– el terreno no tiene salida, por lo que ha iniciado el camino para cambiar el uso de manera que tengan cabida otras edificaciones. El segundo es que hay mucho interés de promotores por ese suelo y están pugnando por hacerse con la propiedad, que está pendiente de la resolución de un concurso de acreedores.
Lo que se construirá en el futuro en los privilegiados terrenos –si una residencia de ancianos, de estudiantes, un hotel o viviendas– dependerá por tanto, de quién consiga finalmente convertirse en el legítimo propietario, el penúltimo hilo de la maraña que queda aún por desenredar. Y es que, en 2007, el entonces dueño, Carlos Marsá, vendía la ciudad deportiva a una empresa de Almería, la sociedad Exclusive Sport. Son los fondos que utilizó para comprar el Ciudad de Murcia a Quique Pina, pero ese ya es otro frente de la historia.
Para complicar más la situación, Exclusive Sport entró en concurso de acreedores y, a día de hoy, el proceso de liquidación de la empresa y venta de sus activos aún no está resuelto, por lo que son los administradores concursales de la sociedad los que deciden sobre la titularidad.
Con la intención de mejorar urbanísticamente la parcela, la administración concursal autorizó a una promotora, Klarium, a presentar un estudio de ordenación, el instrumento urbanístico que se tramita para cambiar el uso del suelo (las antiguas innovaciones del PGOU).
El Ayuntamiento de Granada lleva un año trabajando en ese estudio de ordenación, para que la parcela pueda pasar del uso deportivo que tiene fijado en la norma urbanística actual a uno residencial singular, la calificación que permitiría el desarrollo de instalaciones para personas mayores o estudiantes.
Un expediente muy complejo, según señalan desde el área de Urbanismo, que en estos momentos, tras un año de trabajo, ya ha llegado a la fase de exposición pública, el trámite previo a su aprobación en pleno.
Sin embargo, este avance en la tramitación no garantiza que sea esta empresa sea la que desarrolle los terrenos, ya que de forma paralela, hay otra promotora, en este caso la granadina Sea Group, que está negociando la propiedad completa de los terrenos con la administración concursal y tiene otros planes muy distintos para la parcela, a la que pretenden dar un uso residencial y deportivo, con un gran parque incluido.
Sea Group ha presentado alegaciones para comunicar al Ayuntamiento que rechazan el estudio de ordenación iniciado por la otra promotora en tanto que son «los poseedores legítimos del suelo». La empresa que adquirió los terrenos –la que está en concurso de acreedores– nunca llegó a abonar el precio total de la compra a Marsá, por lo que éste aún conservaba el título de posesión, que cedió a Sea Group ante notario en julio de este año.
En este escenario, con dos promotoras distintas interesadas en desarrollar el suelo, desde el Ayuntamiento de Granada lo tienen clarísimo. «El que traiga la titularidad y la posesión será el que empuje el estudio de ordenación y el que podrá pedir la licencia de obras», explica el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias y segundo teniente de alcalde, Enrique Catalina.
Para el Ayuntamiento de Granada era fundamental desbloquear este suelo e impulsar una nueva ordenación de la parcela porque con el destino original, que contemplaba instalaciones deportivas, era inviable su desarrollo, a la vista de que lleva dos décadas paralizado.
En los últimos años, además el complejo se ha convertido en un refugio de personas sin hogar –que abren una y otra vez huecos para colarse, por más que se tapan– y ha generado problemas de salubridad y seguridad.
«Nosotros buscamos una mejora urbana para un barrio que después de 25 años se ha desarrollado y no puede tener ese espacio cerrado y en una situación tan complicada», esgrime.
De ahí que desde Urbanismo se estén volcando para sacar adelante un expediente muy complejo que redefinirá el uso de los terrenos y los límites de edificabilidad con todas las garantías a nivel urbanístico y jurídico. Los técnicos llevan un año de trabajo y el expediente se podría llevar a pleno a principios de 2025. «A la vista de un previo acuerdo de la administración concursal con el promotor del estudio de ordenación iniciamos el trámite, pero siempre quedará condicionado a que la propiedad de la conformidad», aclara, no obstante, Catalina.
Insiste por tanto en que será la empresa logre la propiedad con todos los derechos y la capacidad legal para promover la que decida el uso final sobre los terrenos. «Hemos sido muy francos con las dos empresas», concluye Catalina, que ve muy positivo que, después de tantos años, se desbloquee el suelo y esté generando tanto interés.
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