Atrincherado en Las Gabias

Mil casos de enfermos mentales sin tratar llegan cada año a los juzgados de Granada

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Los recursos públicos de salud mental, limitados a pesar del aumento de casos

La falta de recursos sanitarios para apoyar a los enfermos mentales cuando abandonan el hospital, sobre todo en el caso de los que no cuentan con una red familiar, la voluntariedad de los tratamientos y la complejidad de los procesos de incapacidad necesarios para que un juez obligue a una persona a medicarse son algunas de las aristas de un complejo problema social, que se agrava ante el aumento de los casos de enfermedades mentales y adicciones. Según datos del Juzgado de Primera Instancia 16 de Granada, el competente en materia de incapacidades, entre marzo de 2023 y marzo de 2024 se han tramitado 1.015 procesos de incapacitación, una cifra que se ha mantenido bastante estable en los últimos años. Son procesos que tienen diferentes casuísticas pero entre ellos se encuentran las solicitudes para incapacitar a enfermos mentales y forzarles a internarse o recibir el tratamiento médico, como en el caso de Las Gabias.

Expertos de la sanidad pública, fuerzas de seguridad, asociaciones y expertos jurídicos analizan para IDEAL las situaciones que se producen cuando un trastornos de salud mental sin tratar va más allá de ser un drama individual para el enfermo y pone en riesgo a otras personas.

Inmaculada Romero Responsable de la Unidad de Hospitalización de Salud Mentalde Agudos del Clínico

«Necesitamos 20 camas más, hay una gran demanda»

La responsable de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Clínico señala que, después de la covid, «cada vez hay más gente con estas patologías, pero el autocontrol es menor». Cuando una persona con un trastorno de salud mental padece un episodio de atención inaplazable ingresa inmediatamente en la unidad de agudos de Salud Mental. En la provincia de Granada hay tres en los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves y en el centro sanitario de Baza.

En Urgencias, un médico filtra la asistencia y deriva a esta unidad a quienes presentan una «descompensación» del equilibrio mental, con patologías graves como «delirios que los mantienen desconectados de la realidad» o «un estado de ánimo tan bajo que supone un riesgo vital». En la del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el PTS, siempre hay un psiquiatra de guardia y se valora diariamente a los pacientes, también con psicólogo.

Así, «se establece una pauta de tratamiento –que muchos han abandonado– para controlar la causa del ingreso», explica la responsable de Hospitalización, Inmaculada Romero. Un terapeuta ocupacional ofrece rehabilitación cognitiva –muchos registran un daño central importante–, hacen actividad física y juegan. Cuando las 28 camas están ocupadas, se propone un alta hospitalaria –que no médica– y el ingreso en una comunidad terapéutica a tiempo parcial o completo, o continuar el tratamiento desde casa con consultas ambulatorias. Si no es viable, toca derivar al Virgen de las Nieves o, en última instancia, a Baza. El protocolo de actuación no difiere si el enfermo ha delinquido. «Trabajamos la humanización. Algunos llegan con una orden judicial, pero procuramos que eso no condicione el trato», insiste Romero. Existen métodos de contención física y farmacéutica para todos los usuarios que los precisen.

El problema es la falta de recursos. «Después de la covid, hay mucha demanda. Cada vez hay más gente con patologías mentales y la capacidad de autocontrol es menor. Necesitamos veinte camas más», concluye.

El caso del atrincherado Las Gabias, en el que actuaron los especialistas de la Guardia Civil, fue límite, pero las actuaciones con enfermos mentales que sufren brotes psicóticos o episodios de agresividad, relacionados con el abandono de la medicación o el consumo de estupefacientes, son comunes. «Es raro el turno en el que no asistimos a uno o dos», explica el inspector jefe de la Policía Judicial de la Policía Nacional en Granada Jesús Díaz. En muchos casos son los familiares con los que conviven lo que piden ayuda asustados o llaman al 112, que moviliza tanto a los servicios sanitarios como a las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional cuenta con expertos, mediadores, para enfrentarse a los casos más graves pero en el día a día son las patrullas las que están entrenadas para actuar, primero garantizando la seguridad de familiares, sanitarios y el propio enfermo, pero a la vez «acomodando la intervención a las necesidades de una persona que no está en sí, que no es un delincuente».

El inspector jefe subraya la importancia de la sensibilidad, empatía y la mano izquierda en estos casos. «Hacemos de psicólogos muchas veces. Aplicamos el principio de intervención mínima e intentamos que la detención sea el último recurso», esgrime. Si el enfermo ha causado lesiones sí se procede a la detención, además del traslado a las Urgencias del hospital, si es necesario.

«En ocasiones la familia está tan desesperada que no logra conectar. Nosotros intentamos meternos en su mundo en lugar de enfrentarnos y escucharle. Que dentro de su delirio sienta que le están creyendo facilita la intervención», concluye.

Por parte de la Guardia Civil, el capitán Manuel Quirós señala que las crisis protagonizadas por enfermos mentales son un problema común al que se enfrentan. «Hay muchos casos en los que ponen en un aprieto a sus vecinos, pero la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad. Todas las semanas registramos uno o dos casos de este estilo en el Área Metropolitana de Granada, donde residen unas 360.000 personas», asegura.

El caso del atrincherado de Las Gabias fue límite pero, por lo general, el capitán advierte que estos pacientes desregulados no comenten delitos graves desde el punto de vista penal. «A menudo es al perder el apoyo de su familia cuando tienen menos control sobre su medicación y partir de ahí surgen las crisis que obligan a intervenir a las fuerzas de seguridad», señala.

Miriam Terrada Socióloga y monitora de Agrafem

«Si el paciente no tiene la voluntad de recuperarse o red familiar es muy difícil llegar»

La enfermedad mental es sufrimiento para el que la padece pero también para toda su familia, que es la que le empuja para recuperarse. En muchos casos es la falta de esta red familiar la que está detrás de los casos de pacientes disfuncionales que se convierten en una amenaza para la convivencia.

«La voluntad de querer recuperarse es del enfermo pero su familia es el pilar. Si les falla esta red se meten en un agujero. Muchos enfermos no quieren venir a la asociación porque no se identifican con el colectivo, no se reconocen. Es duro aceptarlo y lleva tiempo pedir ayuda», explica la socióloga y monitora de Agrafem Miriam Terrada. La asociación granadina de familiares y personas con enfermedad mental lucha contra los estigmas y ayuda a estos pacientes, también a través del «empoderamiento y la resiliencia» para sus familias. «Pero a quienes no viene a pedir ayuda no llegamos, es muy difícil», asume.

Terrada señala también que faltan medios para abordar la salud mental en una sanidad pública «saturada» y recursos que sostengan la red de apoyo tras el paso por el hospital, como comunidades terapéuticas y pisos tutelados. «Tenemos que buscar una forma de que todos puedan integrarse en la sociedad, con o sin red familiar», señala la socióloga que subraya el «pico» de trastornos y el problema que suponen ahora mismo los casos de suicidio. «Hay que abordar este tema en profundidad. La gente está enfermando por algo y hay que arreglarlo», reflexiona.

Rafael Martín-Ambel y Agustín Canón Frías Pte. Administradores de Fincas y Pte. Grupo Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados

«La ley prevé que se pueda echar a un vecino conflictivo, pero se necesitan pruebas»

Los altercados protagonizados por vecinos con problemas de salud mental no son un problema del día a día de las comunidades de vecinos, que sí se enfrentan con mucha mayor frecuencia a los ruidos provocados por los pisos turísticos o de estudiantes. No obstante, estos conflictos también se dan y la ley cuenta con herramientas para abordarlos. Los expertos del Colegio de Administradores de Fincas y del Colegio de Abogados explican que si un vecino, por cualquier causa, tiene comportamientos violentos o que amenazan la convivencia existen cauces legales para privarle del derecho del uso de su casa «hasta un máximo de tres años» y también resolver el contrato de arrendamiento si es un inquilino. Eso sí, es un procedimiento judicial «complejo y que requiere mucha colaboración de los vecinos» que tienen que recabar todo tipo de pruebas, como denuncias ante la Policía Local o testimonios del conserje. Tras requerir al infractor para que cese la actividad molesta, el presidente de la comunidad tiene que recabar la autorización de la junta de vecinos para ejercitar la acción de cesión, que es un pleito por la vía civil. La decisión última, por tanto, es de un juez.

«Son procedimientos muy complicados y en mi experiencia profesional nunca se ha llegado a decretar la privación del uso de la vivienda. Si te toca el vecino conflictivo te toca», resume Martín-Ambel. No obstante, Canón Frías sí tiene precedentes de casos en Granada en los que los vecinos han logrado echar a un inquilino violento, el último caso en un bloque en la zona de Traumatología. El consejo del experto es que los propietarios no se parapeten detrás del primer vecino que denuncia y también presenten pruebas y denuncias «porque hay que evidenciar un comportamiento que afecte a la generalidad».

Luis Eduardo Gómez Quesada Presidente del Grupo de Derecho Familia del Colegio Abogados

«La incapacitación es un proceso difícil y la familia lo vive como una traición»

Las enfermedades mentales están detrás de la gran mayoría de los procesos de incapacidad que tramitan los juzgados para proteger a personas que no tienen posibilidad de gobernarse por si solas, por enfermedades tanto físicas como psíquicas que persistan en el tiempo. El letrado Luis Eduardo Gómez Quesada, presidente del Grupo de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, explica que el proceso para incapacitar a una persona no es fácil, ni rápido, ni agradable precisamente para la familia que lo impulsa y suele vivirlo como una «traición» a su ser querido. «Pero no es así, la finalidad prioritaria es salvaguardar sus derechos y su economía, que no quede desamparado», esgrime.

De hecho, el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que sea el propio afectado el que inicie el proceso de incapacidad, en previsión de que su enfermedad se agrave. Lo más habitual, sin embargo, es que sea el cónyuge, los hijos o los hermanos los que lo impulsen. «Pero lo puede hacer cualquier otra persona ofreciendo pruebas del problema grave que puede crear en conocimiento del Ministerio Fiscal y pidiéndole que tome la iniciativa y lo solicite al juzgado», señala el experto.

En estos procesos se requieren exhaustivos informes que acrediten los posibles daños contra si mismo, contra vecinos o por ejemplo, que un familiar está malgastando su patrimonio. Al final es el juez el que decide, escuchando también a la persona que se pretende incapacitar en una entrevista en profundidad. «Pero lo que más va a determinar la decisión del juez es la valoración del equipo médico forense del juzgado», apunta.

Si finalmente el juez declara la incapacidad tiene que nombrar un tutor, en el caso de que sea absoluta, o curatela, si es parcial y la persona mantiene cierto grado de autogobierno. En ambos casos, los tutores pueden ser tanto personas físicas como jurídicas (una asociación sin ánimo de lucro, una residencia e incluso administraciones si la familia no quiere hacerse cargo). Y rinden cuentas ante el juez que se informa sobre la evolución del incapacitado para revertir, o no, la medida.

«En estos casos siempre advierto al cliente que inicia una incapacitación de una persona que es un proceso largo, complicado y que no hay ninguna seguridad de que vaya a salir bien. Ante los mismos hechos hay jueces que tienen criterios distintos», concluye.