Elena Quirantes
Miércoles, 14 de octubre 2020, 13:54
La Junta de Andalucía anunció ayer que va a suspender la docencia presencial en la UGR durante 15 días y a imponer un toque de queda para los alumnos que viven en residencias de estudiantes. Esta medida, que tiene como objetivo reducir el contagio ... del coronavirus entre los jóvenes de Granada, no ha sido bien recibida por la Universidad. La rectora, Pilar Aranda, señaló ayer que la UGR «es una universidad segura» y que no entiende esta decisión «dado que hemos cumplido escrupulosamente todos los protocolos». Esta medida, lejos de ser beneficiosa, podría incluso agravar la situación, según indica una catedrática de la universidad.
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Aurora Bueno, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, considera que la medida de suspender la presencialidad es «muy desacertada» y que la decisión ha sido «absolutamente unilateral».
Bueno explica que en las instalaciones de la UGR se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, puesto que se mantienen las distancias, se hace un lavado frecuente de manos y se utilizan las mascarillas. Además señala que no sólo no hay riesgo dentro de las instalaciones de la universidad, sino que en cada centro se está llevando un registro de los miembros de la comunidad con un contacto de riesgo o PCR positiva. «En este último caso se recogen e investigan los posibles contactos de riesgo», añade la catedrática.
Todo ello, según Aurora Bueno, hace que sean poco probables los contagios dentro de los espacios de la universidad. Por eso esta catedrática no entiende el beneficio de cerrarla. De hecho, Bueno plantea que la suspensión de la docencia genera tres grandes riesgos.
En primer lugar, Bueno señala que el cierre de la universidad tiene consecuencias económicas para la ciudad, puesto que la UGR «sigue siendo motor y empuje de la economía granadina». En segundo lugar, la catedrática hace referencia a las consecuencias que puede tener la dispersión de los estudiantes: «Seguramente nuestros estudiantes no se van a quedar en sus pisos de alquiler. Probablemente vuelvan a sus ciudades y pueblos de origen. El efecto puede ser similar al de un vendaval en un incendio, chispas que se dispersan por toda la región, diseminando el contagio por toda la comunidad».
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Por último, Aurora Bueno considera que la suspensión de las clases podría provocar un aumento de la presencia de estudiantes en bares y fiestas privadas. «Si el problema es que hacen un uso abusivo de los recursos de ocio lo único que hacemos al cerrar las aulas es empujarlos a ellos porque no tienen otras ocupaciones», explica.
Teniendo en cuenta todo esto, Bueno cree que la medida ha sido «precipitada» y que «no se han valorado los efectos adversos». «No va a resolver nada y generará problemas adicionales», añade. Esta experta explica que lo que hay que hacer es buscar los «puntos negros» donde se están dando los problemas de contagio y actuar sobre ellos: «[los lugares en los que está el riesgo] son precisamente las áreas de ocio y restauración, donde la gente no respeta las mascarillas y distancias. Ahí es donde hay que actuar».
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«Espero que las autoridades sanitarias reflexionen y pongan el acento donde están las causas», declara Bueno. «La universidad está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Es momento de que las autoridades públicas, sanitarias o no, empiecen a hacer el suyo», concluye esta catedrática.
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