La familia Portero señala a los jefes de ETA

Los pistoleros integrantes del 'comando Erraia', Harriet Iragi (de 23 años y autor material de los disparos) e Igor Solana (26), que el 15 de julio habían asesinado en Málaga al edil José María Martín Carpena, lograron huir. Su carrera sanguinaria terminó en Sevilla una semana después, mientras escapaban tras descerrajar varios tiros en la cabeza al médico Antonio Muñoz Cariñanos.

En 2002 ambos fueron condenados a 54 años de prisión por el asesinato de Portero, pero el caso se reabrió años más tarde y en 2008 la Audiencia Nacional condenó a Juan Antonio Olarra Guridi, 'Jon', a 30 años de cárcel y a indemnizar a la familia con 900.000 euros por ordenar el asesinato y facilitar al comando información sobre la víctima y medios para acabar con su vida.

Pero la familia Portero no se rindió y en 2019 consiguió una nueva reapertura del sumario, alegando que nuevos documentos implicaban a los otros dos miembros de la dirección de la banda en aquella época –denominada 'Otsagi'–, junto a Olarra Guridi: Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Ainhoa Múgica Garmendia, 'Olga'.

Entre ellas, la agenda intervenida a 'Txapote' cuando fue detenido en 2001, una base de datos incautada a otro etarra en 2008 y un boletín interno de comunicación de la cúpula de la banda con sus militantes ('Zutabe') que, según la acusación particular, aludía a la «trayectoria» del fiscal andaluz para justificar su asesinato.

Sin embargo, apenas un año después el titular del juzgado, Ismael Moreno, volvió a cerrar el caso al no hallar pruebas que vincularan directamente a 'Txapote' y 'Olga' con el crimen.

El 10 de marzo de este año, Daniel Portero, uno de los hijos del fiscal y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, personada en muchas de las causas abiertas contra la cúpula etarra, volvió a aportar nuevos documentos y otros antiguos que hasta ahora no se habían tenido en consideración.

Uno de ellos es la 'kantada' de Igor Solana a la dirección de ETA el 5 de noviembre de 2000, ya detenido, respondiendo al protocolo de seguridad de la banda, por el que los militantes arrestados debían relatar a la jefatura del 'aparato militar' todo lo que habían revelado a las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre otros terroristas, pisos francos y posibles objetivos.

La 'kantada' de Solana es un texto manuscrito de 16 páginas en euskera que fue intervenido en una vivienda de la organización terrorista en Castres (Francia) en 2002, pero la Policía Científica española no realizó el informe pericial hasta 2008 y la familia Portero no tuvo conocimiento de su existencia hasta que un informe de la Guardia Civil se incluyó en el sumario de otro atentado en 2017.

La carta, que comienza con un «¡Hola amigos!», se centra en el relato de una larga serie de presuntas torturas por parte de la Policía –golpes en la cara y apretones en los testículos– y detalla qué informaciones reveló y cuáles se calló. Así describe su respuesta cuando los agentes le interrogaron sobre la identidad de los miembros del 'comité ejecutivo' de ETA. «A ver quién era el responsable. Yo elegí a 'Txapote' (...). Tanto insisten en los temas que al final les digo que el responsable era Olarra, ellos me preguntan si Ainhoa estaba con él y yo respondo siempre que no».

La identificación de García Gaztelu como máximo dirigente aparece también en su declaración ante la Policía, según la cual los dos miembros del 'comando Erraia' recibieron instrucción sobre armas, explosivos y robo de coches en una casa en el sur de Francia y mantuvieron contactos con los tres dirigentes hasta que, en julio de 2000, fueron acompañados a la frontera para que iniciasen sus 'acciones' por Olarra Guridi, que les entregó material para la falsificación de matrículas, cuatro kilos de explosivos y un millón de pesetas. Pero fue 'Txapote' quien les despidió y les deseó suerte.

Por otro lado, en su escrito al juzgado en marzo de este año, Portero señala que Solana, que cumple condena en Martutene (Guipúzcoa) e Iragi, encarcelado en Basauri (Vizcaya), firmaron cartas en las que reconocían el «daño causado a las víctimas», un formalismo para obtener el tercer grado penitenciario. En vista de ese «compromiso», la acusación particular pide al juez que ambos sean llamados a declarar de nuevo, al igual que los máximos responsables de 'Otsagi', todos ellos en prisión por otros delitos.

Otras posibles pruebas aportadas por la familia proceden de sendos informes de la Guardia Civil de 2022 y 2024 y aluden a la «trazabilidad» de diversos materiales que estaban en posesión de la cúpula de ETA en Francia y terminaron siendo utilizados por el 'comando Erraia' en sus tres atentados en Andalucía en 2000. Entre ellos, una troqueladora y 150 placas de matrícula vírgenes robadas en una empresa de Eibar, más de 7.000 kilos del explosivo titadine sustraídos en una fábrica francesa, pistolas y munición.

El 22 de marzo el magistrado Ismael Moreno reabrió el sumario y ordenó practicar diligencias, pero solo las referidas a estos últimos informes de la Guardia Civil, a la espera de que estas nuevas investigaciones justifiquen, en su caso, los interrogatorios solicitados.

Para Daniel Portero, los testimonios de los dos testigos protegidos ante García Castellón refuerzan la hipótesis de que el asesinato de su padre no pudo cometerse sin la orden directa y expresa de los tres miembros de 'Otsagi'. Los 'arrepentidos' identifican a 'Txapote', 'Jon' y 'Olga' como jefes supremos del 'aparato militar' de 1998 a 2001, apuntan a que sus decisiones eran colegiadas y ratifican que los comandos tenían autonomía para matar policías, guardias civiles o militares, pero necesitaban autorización para atentar contra políticos, jueces y fiscales.

«Es un gran paso, pero llega un poco tarde», admitió Daniel Portero, en alusión a la actual controversia judicial entre la Fiscalía y la acusaciones en torno a la prescripción de estos delitos a los 20 años de su comisión. Según el hijo de la víctima, la querella de la familia en 2019 –un año antes de la 'fecha de caducidad' del crimen– interrumpió el plazo de prescripción.