La Fiscalía de Granada investiga a una residencia de mayores por la Covid

En nuestra provincia, una vez iniciada esta terrible segunda ola del coronavirus, que se ha colado con fuerza en los centros donde cuidan a nuestros mayores, nada había trascendido sobre si en la Fiscalía Provincial de Granada habían aterrizado denuncias o existían algunas diligencias de investigación penal en curso. Pues bien, IDEAL ha podido saber que actualmente hay unas diligencias en trámite, aunque no ha trascendido qué residencia de la provincia está en el punto de mira ni a instancias de quién o quiénes se han iniciado estas diligencias.

También ha podido saber este diario que durante la primera ola hubo algunas denuncias ante la fiscalía granadina, pero acabaron archivadas por genéricas. IDEALha tenido acceso a una de ellas. La formuló un familiar de una anciana contagiada en una de las residencias del área metropolitana en las primeras semanas de la crisis sanitaria. La residente, de muy avanzada edad y patologías respiratorias, fue trasladada un mes después de decretarse el estado de alarma al hospital «prácticamente ya en la fase terminal». Falleció a finales de abril.

El familiar denunciante se quejaba de una supuesta «imposibilidad de contacto entre los familiares y los residentes afectados» en aquellos primeros días. Asimismo hablaba de «falta de personal» en el centro y «un claro caos» en la atención de los pacientes, aparte de sostener que se había asilado a infectados «en lugares no idóneos». La supuesta falta de previsión de esta residencia concreta del Cinturón, la demora en el traslado al hospital de los afectados y la no utilización de equipos homologados eran otros de los extremos que pedía que se investigaran.

Se da la circunstancia de que este caso, tras ser archivado en fiscalía, fue trasladado por ese misma familiar a la vía judicial: formuló una denuncia que aterrizó en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital. En ese órgano se abrió entonces una causa que, según las fuentes judiciales consultadas, se encuentra archivada provisionalmente, pero «para que no cuenten los plazos». Las mismas fuentes aseguran que, pese a haberse dictado ese sobreseimiento, se «han admitido pruebas» propuestas por la persona denunciante, que pidió que se recabara información y documentación sobre las sanciones y expedientes que pudiera tener abiertos ese centro, así como que se facilitara el historial médico de la usuaria fallecida. «Lo han archivado provisionalmente con la posibilidad e que luego se reabra para que no cumplan los plazos establecidos por la ley», insistieron las referidas fuentes.

En el caso de las diligencias informativas que se siguen en la Fiscalía Provincial de Sevilla, las primeras –ahora archivadas para ser reiniciadas y divididas en piezas separadas– se incoaron el 19 de marzo de este año (tan sólo cinco días después de entrar en vigor el primer estado de alarma).

IDEAL ha tenido acceso al informe que ese fiscal de Sevilla elaboró en el marco de su investigación, en el que detalla que en Andalucía existían, a principios de marzo de 2020, un total de 665 centros residenciales de mayores y 64 viviendas tuteladas con autorización, con una capacidad total de 45.045 y 456 residentes respectivamente. En Sevilla y su provincia el número de centros es de 172 (en Granada ronda el centenar).

En su informe, fechado el 27 de octubre y adjuntado a su decreto de septiembre, el fiscal de Sevilla diferencia entre la primera fase de la pandemia y la segunda. La primera abarca de marzo a julio, mientras que la segunda arranca con la apertura en agosto de las nuevas diligencias abiertas antes referidas.

En sus conclusiones, este representante del ministerio público no aprecia ilícitos penales en la actuación de las residencias hispalenses, pero critica «la falta de comunicación, salvo excepciones» que ha habido entre la Administración y las residencias. Asimismo, advierte de que «en la mayor parte de las ocasiones, la iniciativa de la Administración fue nula o escasa para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación».

A su vez, el fiscal sevillano alerta de la falta de médicos especialistas en la red pública sanitaria en materia de mayores, al tiempo que tilda de «urgente» dotar al sistema sanitario de facultativos especializados en este sector de la población. No hay que olvidar que los mayores, nuestros mayores, son especialmente vulnerables tanto por la edad como por las patologías propias de la ancianidad.

Frente al tono crítico de algunas de sus conclusiones, Norberto Sotomayor no duda en alabar «el enorme compromiso y esfuerzo desinteresado» del personal sanitario que ha estado al frente de la residencias afectadas por la enfermedad, a la vez que también hace mención a la situación que se vivió en general en las primeras semanas de pandemia. Hubo, como recalca, un «desabastecimiento» absoluto de material para la protección frente a la Covid-19 en estos centros. En aquellas fechas, como admite, «la fiscalía se convirtió en un receptor de numerosas quejas de encargados de residencias» y lo que se hizo fue comunicarlo a la Junta para que se adoptasen medidas.

Este fiscal hispalense realiza una serie de propuestas, como contar con una coordinación más estrecha entre delegaciones de Igualdad y Salud. También aboga por que exista «un canal de comunicación con todas las residencias de manera ágil y eficaz» y por «reforzar la comunicación» entre la delegación o dirección general competente con las residencias. Está convencido, y así lo expresa, de que los mayores «deben ser una prioridad» dentro de los planes de actuación de Salud, «al igual que el personal esencial, como son los sanitarios». No se puede, opina, tardar a la hora de hacer test.