Francisca Granados habla de «violencia institucional» en la sentencia de Juana Rivas

En un escrito remitido hoy, la directora de Igualdad y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, expone como «importante problema» la falta de aplicación por la mayoría de los juzgados de las reformas introducidas en el ordenamiento jurídico en 2015 respecto a protección de menores como víctimas de violencia.

Por ello, indica que las «responsables últimas» de la situación de Rivas son las resoluciones judiciales habidas en su caso que, en su opinión, han sido dictadas «desde el desconocimiento, consciente o inconsciente», del actual marco normativo en materia de violencia de género y de las garantías para salvaguardar el interés superior de los menores.

Entre otras cuestiones, Granados se ha preguntado cómo es posible que, a fecha de hoy, el sistema judicial italiano no esté haciendo nada para investigar la denuncia por malos tratos presentada por Rivas en julio de 2016.

También critica que la evaluación de su hijo mayor se hiciera «en tiempo récord» por una psicóloga del equipo psicosocial del Juzgado de Familia y no por un grupo técnico y multidisciplinar especializado.

En referencia al juez Manuel Píñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que ha condenado a Rivas, ha calificado de «indignante» que haga afirmaciones en la sentencia sobre la inexistencia de violencia de género y lo utilice como «un arma arrojadiza» contra la víctima.

«Cómo es posible que la propia inoperancia del sistema judicial, que el incumplimiento flagrante del deber de diligencia por parte de los poderes públicos sea utilizado en contra de la propia víctima», se ha preguntado la asesora, que ha lamentado que el fallo no vaya solo contra Rivas y las víctimas sino contra todo su entorno de apoyo.

«De poco servirán las conquistas legales en la lucha contra la violencia de género, si los que tienen que aplicarlas no lo hacen. Y ese es el grave problema», concluye su escrito.

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada haya condenado a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.