La investigación del fraude de las entradas al monumento entre 2002 y 2005 fue tramitada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, en aquella época dirigido por el juez Miguel Ángel del Arco, y provocó que el control de los tiques y los ... accesos fuese desde entonces mucho más férreo.
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La instrucción se dilató igualmente debido al elevado número de encausados y la complejidad de los informes periciales que se elaboraron para cifrar el perjuicio al monumento con prácticas sospechosas que finalmente fueron consideradas delito.
El perjuicio llegó a cifrarse por la fiscalía en 6,6 millones de euros (3,5 millones por los ingresos supuestamente no percibidos y 3,16 millones por los supuestos daños materiales causados por los excesos de aforo).
El asunto, una macrocausa bautizada por los medios como 'el caso Alhambra', inició su andadura judicial en 2004 y no llegó a una sala de vistas hasta septiembre de 2016. Se fijaron 44 sesiones y se sentaron en el banquillo de los acusados un total de 50 personas, en su mayoría trabajadores del recinto.
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La excúpula del PAG no se vio inmersa en este proceso, en el que la propia Junta ejerció se personó como parte perjudicada. La exdirectora y la exsecretaria, de hecho, se limitaron a declarar como testigos.
Sentencia
Los delitos que imputaban al medio centenar de acusados eran apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho. La sentencia se dictó en 2018 y la Audiencia condenó solo a diez personas. Impuso al principal acusado, F. C., guía turístico y dueño de la agencia de viajes Daraxatour, 17 meses de prisión como autor de un delito de estafa continuado y otro de falsedad en documento mercantil, y lo condenó a indemnizar al PAG con 58.000 euros.
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En febrero del 2020, el Tribunal Supremo (TS) confirmó siete de las diez condenas, entre ellas la del citado guía turístico. Para los seis condenados restantes ratificó las penas de entre tres y nueve meses de prisión impuestas por el tribunal provincial.
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