El futuro de 41.906 explotaciones agrarias de Granada se decide en Europa

La agraria siempre ha sido la estrella de las políticas comunitarias pero si en algo coinciden todas las voces del sector, es que esta vez, las elecciones europeas son más determinantes que nunca para el campo, que se encuentra en una encrucijada.

Y es que ha sido precisamente el giro verde que han dado las políticas europeas, con más exigencias normativas y burocracia, las que prendieron la mecha de las primeras revueltas de agricultores en Francia, que se contagiaron a toda Europa. También en Granada los agricultores sacaron los tractores a las calles y cortaron autovías para mostrar la tarjeta roja a un sistema que tiende a lo que llaman la 'uberización' del campo: que los pequeños y medianos productores dejen sus tierras por falta de rentabilidad para que pasen a manos de grandes empresas.

Las exigencias burocráticas o las regulaciones más restrictivas en materia de fitosanitarios que les dejan en situación de desigualdad frente a otros países competidores que no tienen las mismas reglas de juego hacen a los agricultores andaluces y granadinos menos productivos y más pobres.

Y sin rentabilidad, el campo no se sostiene. De las políticas que marque el nuevo Parlamento Europeo dependerá si el modelo de agricultura tradicional, mayoritario en la provincia, tiene futuro o las explotaciones tradicionales van tirando la toalla. Tanto Cooperativas Agroalimentarias de Granada como las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG coinciden en que en estas elecciones Europa se juega la soberanía alimentaria y un modelo que garantice la seguridad y asequibilidad de los productos y les permita competir con las producciones extracomunitarias, reduciendo la dependencia de terceros países. El 9 de junio es una fecha vital para determinar el rumbo inmediato del campo en frentes vitales, empezando por la PAC, que cuenta en Granada con 31.301 beneficiarios de ayudas.

«Las políticas de apoyo al sector están ya diseñadas hasta 2027, para bien o para mal, pero el nuevo marco empezará a negociarse en 2025 y será el nuevo Parlamento quien determine la filosofía. Si la política agraria común es más agrarista que exclusivamente ambientalista nos irá mejor», resume el secretario general de Asaja, Manuel del Pino. En su opinión, en los últimos años Europa ha primado las prácticas ambientales, olvidando que son agricultores que tienen que comer de las fincas y no solo jardineros para mantenerlas.

En el reparto del marco 2023-2027, la reasignación de derechos para las fincas ha supuesto que Granada pierda en global 125 millones de euros. El Gobierno defiende que más de la mitad de los perceptores se han quedado igual o han visto aumentadas las ayudas. «Pero los que han mejorado han incrementado poco y los que han empeorado, han perdido mucho», incide Del Pino para explicar el saldo final negativo.

Pero Granada y España se juegan mucho más que ayudas. Europa también es decisiva en materia de agua, en legislación medioambiental, en controles sanitarios, exportaciones o un tema que preocupa especialmente al potente sector hortofrutícola de la Costa, la importación de productos de terceros países.

De ahí que las organizaciones agrarias y cooperativas coincidan en exigir las cláusulas espejo –garantías de que lo que se consume en Europa cumple las mismas normas que se exigen aquí– y un estricto cumplimiento de los acuerdos comerciales rubricados por los países europeos para evitar una competencia «desleal» de terceros países.

El secretario COAG, Miguel Monferrer, advierte que estos días en campaña se está poniendo el foco en temas de política nacional y sin embargo no oye hablar de las propuestas para el campo. «Hay que revisar los acuerdos con Marruecos, controlar más los contingentes. De nada sirven las inspecciones en el puerto de Motril si entra producto sin control en otros europeos. Necesitamos una ley de fronteras única en Europa, porque nos están destrozando», señala Monferrer.

«En definitiva se trata de que Europa tiene que decidir si apuesta por el modelo de agricultura tradicional, o lo aboca a la falta de rentabilidad. Ésa es la línea roja, si apuesta solo por beneficiar a las grandes empresas en Granada nos quedamos fuera», apunta el secretario de UPA Granada, Nicolás Chica.

«Desde nuestra posición de neutralidad política, solo podemos confiar en que los eurodiputados españoles y, particularmente, los andaluces, tengan voz en la Eurocámara, que se hagan oír y que sepan trasladar el pulso del campo de manera honesta y veraz», esgrime por su parte el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas. Recuerda que la UE ha sido una administración fundamental en el desarrollo del campo español pero, a la vez, ha sido la fuente de muchos de sus problemas actuales, lo que ha provocado «que nuestros agricultores sientan una enorme desafección a todo lo que venga de Europa y eso es algo a lo que hay que dar respuesta urgentemente».

«Creo, en definitiva, que el futuro Parlamento Europeo debe cuidar más al campo, proteger sus intereses y tener más sensibilidad hacia los profesionales que producen alimentos, que nos dan de comer y que son el motor de desarrollo de buena parte del territorio europeo», concluye.