La antigua sede de la Junta de Andalucía en la Gran Vía permanece cerrada desde hace décadas. Sin embargo, todo apunta a que no seguirá así mucho tiempo. El Ayuntamiento de Granada ha dado los primeros pasos para cambiarle el uso, lo que permitirá desbloquear un inmueble que lleva demasiado tiempo decayendo.
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Según ha informado el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, la junta de gobierno local ha aprobado este viernes una innovación que permitirá modificar el uso que actualmente posee la parcela. Se trata de un mecanismo similar al recientemente empleado también para poner en carga la antigua sede del catastro ubicada en la calle Mesones, otro de los edificios bloqueados desde hace décadas.
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En el caso del inmueble de Gran Vía, que está en el número 34, lo que se pretende es ampliar el uso a residencial singular, lo que permitirá que pueda ser empleado para albergar un hotel u oficinas salvo que llegue otras administración y lo desee alquiler, algo que, como ha explicado el concejal «no está ahora mismo en el horizonte».
El inmueble fue en su delegacion de la administración autonómica, pero quedó en desuso hace décadas. Esa función, sin embargo, quedó recogida en el planeamiento urbanístico con carácter público y no privado, que era su naturaleza, lo que impedía que albergara otros usos. A juicio de Catalina, se trata de un «error histórico» que ahora será subsanado.
En este caso, el estudio de ordenación para el cambio de uso se fundamenta en una mejora urbana de una parcela con una superficie de 655 m2 y una superficie construida de 3.018 m2, todo según Catastro. La modificacion supone un incremento de aprovechamiento urbanístico, ya que el coeficiente de uso aplicable a una dotación privada es 0,67, mientras que el correspondiente al uso Residencial singular es 1. Este aumento lleva a la obligación por parte del promotor de cesión del 10 % del mismo, que al no resultar posible materializar en suelo dentro del área homogénea, podrá ser monetarizado. A preguntas de los periodistas, Catalina ha aclarado que la cantidad debe ser aún valorado por los técnicos municipales.
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Por último, Catalina ha reseñado que «la propuesta no supone incremento de edificabilidad ni de población, ni se altera el nivel dotacional existente al tratarse de una dotación no básica, por lo que no resultan necesarias cesiones para sistemas generales ni locales».
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