Granada se opone al «tasazo» de los residuos

Hay que recordar que el 'tasazo', que se aplicará a partir del próximo mes de abril, tiene como objetivo incentivar la economía circular y el reciclaje de los residuos. El gravamen está ligado a unos objetivos que las ciudades de más de 5.000 habitantes tienen que cumplir, obligando a las urbes a dar una segunda vida al 55% de la basura en 2025 y al 65% en 2035.

Contra este tributo, que recoge la ley 7/2022 de residuos, se ha manifestado la edil de Economía, Rosario Pallarés, quien ha sido la encargada de defender la iniciativa planteada a instancias del grupo municipal popular. La responsable ha expuesto que su formación «no está conforme con la obligatoriedad que impone la ley que grava la recogida, el transporte y el tratamiento» y ha lamentado que no haga «distinción de tamaño o de situación económica de las entidades locales».

La concejala se ha opuesto también a los plazos marcados que obligan a las ciudades a abonar la tasa a 1 de enero a pesar de que el hecho imponible arranca en realidad cuatro meses después. A su juicio, esta cuestión «va a suponer una asfixia financiera para las entidades locales» y ha advertido de la posibilidad de que genere problemas jurídicos al dejar la puerta abierta a que cada consistorio la apruebe mediante una interpretación propia.

El PSOE, que ha rechazado la moción, ha afeado la «falta de coherencia» de los populares, que aprobaron la ley que recogía el tributo en la ponencia del Congreso y no puso problemas para que la Cámara Baja le diera luz verde posteriormente. El socialista Jacobo Calvo ha recordado que es la Junta la entidad que recaudará el tributo y ha invitado al equipo de gobierno «valentía» para pedirle al presidente Juanma Moreno «que no repercuta el impuesto a los municipios o que, si lo hace, revierta sobre las localidades». «Saben que hay que aplicarlo, pero busquen medidas para que no recaiga sobre los vecinos, como han hecho en Madrid o Asturias», ha recalcado.

Vox, por su parte, también se ha opuesto, aunque por motivos diferentes. La portavoz Beatriz Sánchez ha señalado el gravamen como una consecuencia de la Agenda 2030 y la ha puesto como ejemplo de «cómo el fanatismo climático acaba afectando a los ciudadanos». La responsable también ha reprochado la falta de coherencia al PP recordándole su posición en el Congreso y ha lamentado el impacto que va a tener sobre la población, «que ahora va a ver cómo se incrementan los recibos en un momentos complicado».