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Sábado, 27 de febrero 2021, 21:30
El movimiento okupa ha sido siempre muy activo en Granada, ciudad llena de jóvenes y con muchas casas viejas difíciles de restaurar. Y en ... la historia de esas ocupaciones ilegales de edificios también ha habido algunos ejemplos de lo que ellos mismos llaman «CSO» (centro social okupado).
El más antiguo en Granada es el que se conocía como «La casa de los quince gatos», situado en el Camino de Ronda desde hace ya muchos años y que ha pasado por periodos de mayor y menor actividad. Con desalojos por parte de la policía, clausuras y desprecintos por parte de sus «inquilinos».
Las instalaciones del Camino de Ronda 190 fueron okupadas en 1990 como centro social. En sus instalaciones se hacían exposiciones, se ofrecían libros, revistas y fanzines, se daban conferencias y se impartían clases de idiomas.
En 2001, tras un desalojo, el Ayuntamiento anunció su intención de construir en el inmueble un centro cívico a instancias de las personas que lo tenía ocupado que presentaron una alegación al Plan General de Ordenación Urbana aceptada por el gobierno local.
En 2005 la Gerencia de Urbanismo aprobó de forma inicial el plan especial puente Camino de Ronda que obligaba a la demolición del local ocupado. El entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, dijo entonces que no era posible aceptar las alegaciones del colectivo 'okupa', pero se les prometió que cuando se reurbanizase la zona y se concluyeran las instalaciones de carácter municipal se habilitarían espacios para que pudieran ser utilizados por los jóvenes.
El final se precipitó a partir del año 2014. Aquel año se creó la asociación CSO La Redonda y se inició un procedimiento judicial para proceder al desahucio de estas instalaciones, ubicadas en pleno centro de la ciudad. Culminó en el año 2018 con una sentencia de la Audiencia Provincial y ratificada en casación en 2020 por el Tribunal Supremo que obligó a echar el candado a este espacio, donde distintas asociaciones culturales y sociales, la mayoría, muy vinculadas con movimientos de izquierdas se vieron obligadas a frenar su actividad.
En 2018, la propiedad obligó a ejecutar la sentencia de desahucio, que aún no era firme, de la Audiencia Provincial; pero un auto judicial emitido por otro juzgado granadino lo impidió alegando que mientras no fuera firme la sentencia allí se hacían «actividades de tipo lúdico y formativo sin ánimo de lucro abiertas a vecinos del Camino de Ronda».
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