La exedil Nieto dice que la discoteca del Serrallo es legal pero que no le gustaba

A Isabel Nieto, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y procesada en el caso Serrallo, no le gustan las discotecas. Lo dijo ayer en el juicio. Como servidora publica que fue, explicó que estos establecimientos suelen generar problemas de convivencia y de ahí sus recelos. Así que también era contraria a la construcción de la sala de fiestas en el parque público del Serrallo, que es el asunto por el que se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial junto a otras 16 personas, incluido el exalcalde de la capital, José Torres Hurtado (que gobernaron Granada con las siglas del PP).

Sin embargo, Nieto no pudo oponerse porque el proyecto era legal. En un cara a cara con la fiscal Sara Muñoz Cobo que por momentos pareció un forcejeo dialéctico, la exconcejal sostuvo que no hay ninguna norma que prohíba que se levante una discoteca en un parque infantil. «El Plan General de Ordenación Urbana no dice que allí hubiera que hacer un kiosko de chuches», precisó Nieto, antes de añadir que la existencia de estos negocios de ocio privados en espacios verdes es algo habitual en España y también en Granada. En este sentido, puso como ejemplo el bar Las Titas o el restaurante Las Mimbres de la Alhambra.

El juicio

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También equiparó las discotecas con las bibliotecas o ludotecas.

La representante del ministerio público aludió a varias normas legales que impedirían ocupar zonas verdes con salas de fiestas o similares, pero la exconcejal de Urbanismo insistió en que el proyecto era legal porque el concesionario, la empresa García Arrabal, cuyo exmáximo responsable también está encausado, no ocupó más del 2% del terreno reservado para un uso terciario, en este caso, la dichosa discoteca.

Ese 2% también fue invocado por el otro acusado que compareció ayer, el exdirector municipal de obras municipales Manuel Lorente, con el mismo objetivo que Nieto: avalar la legalidad de la sala de fiestas y, por tanto, la inexistencia de cualquier conducta delictiva por su parte.

Por cierto, Lorente también hizo otro informe en el que tampoco se mostraba entusiasmado con la idea de construir una discoteca en el espacio público. En ese documento vino a decir que no veía compatible el horario de un parque infantil con el de una discoteca.

Pero las opiniones de Nieto y Lorente nada podían contra el límite del 2%: si no se superaba, la autoridad solo podía asentir y darle vía libre.

En este línea, la exconcejal de Urbanismo restó importancia a otro estudio elaborado por el técnico Jacobo de la Rosa, cuyo testimonio se antoja crucial, en el que manifestaba que la ocupación de un parque con una discoteca era un dislate ilegal. Nieto describió ese documento como «una opinión más» y añadió que estaba lleno de «falsedades». Además, afirmó que sólo se opuso De la Rosa y que el resto de los expertos municipales lo aprobaron.

No obstante, la fiscal leyó un informe de otro funcionario municipal que cuestionaba la legalidad de ocupar el parque con una discoteca. De hecho, el ministerio público trató en todo momento de intentar probar que el Ayuntamiento permitió una mutación constante del proyecto para plegarse a los intereses del promotor.

Así, en un momento dado, la representante de la fiscalía preguntó a Lorente si una discoteca puede considerarse como un «apoyo a un parque municipal», que es lo que establece las normas. Y Lorente reiteró que sí siempre que respetase el 'sacrosanto' 2%.

Llegados a este punto, la fiscal Sara Muñoz Cobo llegó a inquirir a Lorente si lo que hay en el Serrallo «es un parque». Y Lorente respondió que sí. Es más, aseguró que el Ayuntamiento siempre veló por la protección de los «espacios verdes».

El parque en cuestión, de difícil orografía, consiste en unos pequeños paseos con algún banco y varios edificios que, a simple vista y para el profano, ocupan la mayor parte del espacio, aunque, según Nieto y Lorente, no superan el 2% autorizado.

La exconcejal de Urbanismo también aseveró que los ciudadanos tenían que estar agradecidos a los técnicos municipales por haber obligado a García Arrabal a construir un parque en una zona tan complicada.

En cambio, la fiscal mantuvo que quien se benefició fue el promotor al poder hacer negocio con un espacio público.

Antes de las declaraciones de los dos acusados, la sala aceptó que el Ayuntamiento de la capital siga personado en la causa, una cuestión que estaba en el aire.

Por lo demás, el del empresario Abel Pizzaro, que gestionó la discoteca durante un tiempo, se retiró ayer del procedimiento. La vista oral del juicio prosigue hoy.