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Carlos Morán
Lunes, 3 de febrero 2020
José Torres Hurtado, alcalde de Granada durante trece años, supo qué eran 'las Uas' –'unidades de aprovechamiento'– gracias a una de las escasas reuniones que mantuvo con el ya exconstructor Roberto García Arrabal. El antiguo regidor de la capital por el Partido Popular (PP), que ... coincidió con García Arrabal en el gran banquillo de los acusados instalado en el edificio judicial de La Caleta, hizo esa afirmación ayer para intentar demostrar que «no tenía ni idea» de «cuestiones técnicas de urbanismo». Ycomo no sabía nada de esa materia tan críptica (que todo hay que decirlo), difícilmente pudo delinquir para favorecer la construcción de una discoteca y una pista de patinaje privadas en un parque público, cuando el planeamiento solo permitía instalar un kiosko de chuches. La zona afectada por las presuntas irregularidades, por las que la fiscalía reclama ocho años de cárcel para Torres Hurtado y su exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, está ubicada junto al Centro Comercial Serrallo, que es de donde toma el nombre este caso de supuesta corrupción.
En resumen, que la línea de defensa de el exalcalde consistió en alegar desconocimiento e ignorancia una y otra vez:«No entendía ni quería entender». «Nunca he estado en una mesa de contratación». «No intervenía en las grandes obras privadas porque no entendía». «Nunca he presionado para que se aprobase un expediente», repitió durante el interrogatorio. También es verdad que solo quiso responder a las preguntas de su abogado, el veterano penalista Pablo Luna, así que no hubo ocasión de que las acusaciones intentasen buscar posibles contradicciones.
Torres Hurtado fue el único de los 17 procesados en el 'caso Serrallo' que declaró en la primera sesión del macrojuicio ante el tribunal de la Audiencia Provincial que preside el magistrado José María Sánchez y del que también forman parte Aurora María Fernández y Juan Carlos Cuenca. El grueso de la jornada estuvo dedicado a analizar las denominadas cuestiones previas, esto es, los fallos que, en opinión de las partes, podían existir en la instrucción del caso. En este sentido, quedó en el aire –el conflicto debe resolverse hoy– la continuidad del Ayuntamiento en la vista por defectos de forma que se antojan insalvables. Por ejemplo, la personación en la causa de Consistorio no pasó por el pleno. Y, además, se supone que por un error de 'corta y pega', resultó que Torres Hurtado figuraba como el 'acusador' de Torres Hurtado, algo que, como es natural, constituye un notable dislate.
Total, que hay bastantes posibilidades de que el Ayuntamiento sea apartado hoy del juicio. El municipio solicita, entre otras penas, cuatro años de prisión para Torres Hurtado y cinco y medio para Isabel Nieto, los mismos que para el exdirector de Obras Manuel Lorente, otro de los procesados.
La fiscalía, por su parte, pide para el exalcalde y la exconcejala ocho años de cárcel, 36 y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros; y ocho años para el promotor. El ministerio público exige además la demolición de las edificaciones presuntamente ilegales y que sea «a costa de los acusados».
Por cierto, Isabel Nieto, en su calidad de abogada en ejercicio, se sentó, ataviada con su toga, con los letrados de la defensa y no en el banquillo. Y formuló alegaciones y objeciones como el resto de sus colegas. Tanto ella como Torres Hurtado están acusados de la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
En el apartado de las cuestiones previas, el partido de ultraderecha Vox –que ejerce la acusación popular– retiró el cargo de malversación y las peticiones pecuniarias de unos tres millones de euros en concepto de responsabilidad civil, cuantía por la que los acusados tienen embargados sus bienes y nóminas. Una buena noticia para los encausados, que podrán pedir la devolución de sus propiedades.
Antes, los magistrados de la Audiencia habían rechazado la petición de las defensas de expulsar de la vista a Vox y la empresa General de Galerías Comerciales –propietaria del Nevada–, que también están personados como acusaciones.
Asimismo, los jueces desestimaron la demanda del abogado de Torres Hurtado de anular, por una supuesta vulneración de derechos fundamentales de su cliente, varias resoluciones judiciales que, de haber sido invalidadas, habrían supuesto prácticamente la absolución del exalcalde. Así que el antiguo dirigente del PP tuvo que declarar como acusado. Pero fue una comparecencia 'cómoda' porque sólo aceptó ser interrogado por su abogado.
Torres Hurtado lo negó todo. La ardua terminología técnica del urbanismo es para él un misterio. Por eso, no se interesaba por los grandes proyectos privados. Lo suyo eran las obras municipales que le reclamaban los vecinos en sus visitas de barrio. Ahí sí se mojaba, dijo, pero siempre cerciorándose de que la tramitación contaba con la aprobación de los funcionarios municipales. «Siempre me preocupaba de que los expedientes vinieran completos y con los informes favorables», explicó.
Y respecto al 'caso Serrallo', recalcó que nadie le dijo que hubiera anomalías, ni los concejales de la oposición ni Jacobo de la Rosa, que experto del Ayuntamiento que denunció las supuestas ilegalidades y que, de hecho, es el testigo de cargo de las acusaciones.
También dijo en su descargo que «tenía delegadas las competencias» de Urbanismo en los ediles que se ocuparon de ese área durante su mandato: Luis Gerardo García-Royo, primero, e Isabel Nieto, después, y que cumplieron con su labor perfectamente.
Dado el elevado número de procesados (en el banquillo también se sientan los exconcejales del PPque votaron a favor del proyecto, aunque la fiscalía no les acusa), la vista oral del juicio se celebra en la sala Antonio Angulo del edificio de la Caleta. Aparte de los encausados, durante los próximos días comparecerán 77 personas más entre testigos y peritos
En una providencia dictada el 15 de octubre del año pasado, el caso, que fue instruido por la jueza María Ángeles Jiménez –que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada y que también ha investigado el caso Nazarí– quedó listo para ser enjuiciado.
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