El tribunal da 24 horas al Ayuntamiento de Granada para que certifique su personación en el caso Serrallo

El presidente del tribunal, José María Sánchez, ha pedido, a raíz de una de las cuestiones previas planteadas por la defensa del promotor Roberto García Arrabal, también acusado, que el Ayuntamiento aporte documento de si se dio cuenta al Pleno y fue ratificado en el mismo un decreto del entonces alcalde socialista de la ciudad, Francisco Cuenca, el 5 de julio de 2016, en que se resolvía personar al Consistorio como «perjudicado».

Se apuntaba, ha proseguido el magistrado, a que ello sería trasladado a la asesoría jurídica municipal «para su cumplimiento» y que se daría cuenta, a su vez, al Pleno, todo ello en base a un poder firmado en marzo de 2004 por Torres Hurtado, antecesor en el cargo de Cuenca, y que figuraría, en ese sentido, como acusador de sí mismo y los 16 procesados restantes.

Es una cuestión «de forma y de fondo» para la que el tribunal ha dado 24 horas a la representante legal del Ayuntamiento en el juicio, que se celebra desde este lunes en el complejo judicial de Caleta, tras preguntarle al respecto, y aducir la misma que el letrado que llevó el asunto «debería haber aportado» el documento.

En la sala Antonio Ángulo, habilitada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para esta macrocausa, las partes han expuesto en la mañana de este lunes, a partir de las 10,10 horas, cuando ha comenzado el juicio, buena parte de sus cuestiones previas.

Se enjuicia la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podría haber creado un parque infantil.

Tras retirar Vox su acusación particular por supuesta malversación, el tribunal ha señalado que ello implicará el levantamiento del embargo de bienes para los concejales afectados, y que habían de hacer frente a una fianza previa total de unos tres millones de euros.

Igualmente, el tema, que podrá ser notificado por sus abogados defensores al Juzgado de Instrucción para la ejecución de la medida, está pendiente de si el Ayuntamiento seguirá siendo acusación particular en el proceso, al pedir también responsabilidad civil.

El magistrado que preside el tribunal ha adelantado ya que el criterio de la sala puede pasar por que el Ayuntamiento pueda estar en el proceso precisamente como supuesto responsable civil subsidiario. «Otra cosa es que esté cómodo», ha agregado, tras un receso en que ha deliberado, al mediodía, sobre esta cuestión.

Ni la Fiscalía, que no se ha opuesto a que el Ayuntamiento pueda dejar de ser acusación particular si no certifica el proceso formal de su personación correctamente, ni el propio Consistorio, acusan a los concejales que no tenían competencias en Urbanismo --todos los que se sientan en el banquillo menos Isabel Nieto.

PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

Son Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, y todos ellos han sido procesados como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística.

En las cuestiones previas, también ha quedado estipulado que tanto un funcionario denunciante como un empresario supuestamente afectado por la operación que se juzga, personados inicialmente como acusaciones particulares, pasen a ejercer la acción popular, tras preguntar el tribunal «qué perjuicio material» habían padecido en el caso.

El exregidor está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Nieto es juzgada por los mismos delitos que el exalcalde, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del juicio, el abogado de los exconcejales Telesfora Ruiz, María Francés y Juan Antonio Fuentes, Mariano Vargas, ha asegurado que ellos se enfrentan «una acusación política», anunciando que va a pedir que sus defendidos sean apartados al comienzo de la vista, algo que no ha sido aceptado por la sala.

«Estos políticos tomaron sus decisiones base a informes técnicos. No he visto una sola sentencia condenatoria por prevaricación a un político que vota con informes favorables y desde esa tranquilidad proclamaremos la inocencia de nuestros patrocinados, como es lógico», ha asegurado Vargas.

Fue el pasado mayo cuando el Juzgado de Instrucción 2 de Granada decretó la apertura de juicio oral contra un total de 17 personas por este caso, incluyendo a los ediles del PP que apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello supuestamente los establecidos en el Plan General.