El juez ordena la detención de Juana Rivas

Tras examinar la solicitud de Francesco Arcuri, el padre de los menores, residente en Italia, que sí ha acudido al juzgado, donde también estaba citado este martes, y el criterio del fiscal, el juez ha valorado en su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, "la existencia de un presunto delito de sustracción de menores".

Consta asimismo en autos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no han podido localizar a la investigada" y "ni en su domicilio, ni en el de sus familiares próximos" se ha obtenido información sobre su paradero, por lo que "se impone procesalmente, como siempre que se concurren estas circunstancias, la decisión de acordar la detención y puesta a disposición judicial".

La Fiscalía ha apuntado a la necesidad de defender la "legalidad ordinaria" para que la madre de Maracena sea puesta a disposición del juez, según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press. Por su parte, Francesco Arcuri se ha ratificado en sede judicial en la denuncia que interpuso en su día, solicitando, tras la no comparecencia de Rivas, "medidas de índole personal" contra ella --como es una orden para su detención--, junto con otras referidas a los niños, y a su entrega inmediata mediante intervención policial, según ha indicado a los periodistas el abogado de Francesco Arcuri, Adolfo Alonso.

Según ha hecho constar el juez en el auto en que dictamina la orden de detención y presentación de la madre de Maracena ante el tribunal, "no procede la adopción de otras medidas cautelares" más allá de la orden de detención.

El juez apunta a que las medidas solicitadas por el padre de los niños "resultan amparadas" por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "aplicable en cualquier ámbito jurisdiccional para posibilitar rápidamente la evitación de perjuicios a los menores".

No obstante, la decisión judicial impide a Rivas "abandonar el país", y para los menores, de once y tres años, "supone el mismo impedimento" en la actual situación. Si los hijos fueran hallados bajo su guarda o la de un tercero, "el cumplimiento de lo acordado civilmente obliga a que los menores sean inmediatamente y sin excusa entregados al padre".

En este sentido, las medidas para "asegurar la disponibilidad de la investigada y la restitución de los menores, ya han sido adoptadas", y, respecto de otras que "pudieran ser pertinentes", el dictamen habrá de hacerse una vez sea puesta a disposición judicial.

La orden de detención de Juana Rivas será trasladada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "para su debida constancia y ejecución", y se notificará la decisión a la Fiscalía.

El juez hace referencia a la "literalidad" del Convenio de La Haya de 1980 suscrito por España, el cual estipula la normativa a seguir en casos de posible sustracción internacional de menores. En este sentido, "ya en el ámbito civil, se ha resuelto lo preciso para lograr la restitución inmediata de los menores a su padre, no habiéndose llevado a cabo esta determinación, pese a que la investigada conoce la decisión judicial".

Recuerda el auto también que, sin entrar en el fondo del asunto y en virtud del "superior interés de los menores", se recabó el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que los menores fueran restituidos a su padre, en cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, pues Italia ordenó la entrega de los niños, tras el periodo estipulado desde mayo de 2016 en que Juana Rivas, con el consentimiento del padre, estuvo con ellos en Maracena (Granada).

Coincidiendo con la citación judicial de los progenitores en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que se había considerado clave en este caso que tiene varios frentes abiertos, entre ellos un incidente excepcional de nulidad por la vía civil en la Audiencia Provincial, se han concentrado varias decenas de personas frente a los juzgados de Caleta, convocados por asociaciones como 'Granada por la custodia compartida ya'. Un portavoz de este colectivo ha indicado a Europa Press que su intención no es tanto reivindicar la posición de Francesco Arcuri en este proceso, sino "los intereses de los menores" frente a la repercusión mediática del mismo.

El caso de Juana Rivas ha alcanzado una gran notoriedad mediática, con campañas en las redes sociales promovidas por grupos a su favor, como la que se dio a conocer con la etiqueta 'Juana está en mi casa' después de que incumpliera la orden judicial por la que había de devolver sus hijos a Arcuri.