La libertad de apertura se impone en todos los barrios una década después

El articulado establecía un mínimo de 16 domingos y festivos en los que los comercios podían permanecer abiertos, además de dar plena libertad a cada negocio para fijar el horario de actividad. La idea que manejaban los legisladores era que la ampliación de la libertad de horarios tendría efectos positivos sobre la productividad y los precios, además de incrementar la competencia efectiva entre comercios. Los consumidores también obtendrían mayores posibilidades de compra y, en opinión del Ejecutivo, de mayores oportunidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

El nuevo marco normativo provocó un gran malestar en parte del sector comercial, que lo entendió como una concesión a las grandes superficies que iba a desequilibrar aún más el frágil equilibrio entre grandes y pequeños negocios. A nivel político, también fue rechazada por Andalucía, que solo un año antes había expresado su rechazo frontal a una medida de este tipo. La Junta, gobernada entonces por el PSOE, recurrió la normativa al entender que la Ley de Comercio Interior ya garantizaba un equilibrio entre trabajadres, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores al autorizar la apertura un máximo de 8 festivos y domingo y dar libertad horaria a locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos.

Durante años, se produjeron disputas por las zonas de gran afluencia turística en ciudades como Málaga, Burgos, Oviedo, Gijón, Pamplona o Vigo, pero fue Cádiz la que acabó generando el marco común para todas las ciudades. El ayuntamiento gaditano había restringido los horarios comerciales, lo que fue denunciado por la asociación nacional de grandes empresas de distribución. El fallo del Supremo llegó en 2019 y determinaba que, para excluir zonas de la aplicación del Decreto-Ley, los municipios requerían una justificación efectiva y fundada en criterios objetivos para fijar las restricciones, que debían ser más precisas.

En 2020, en consonancia con el fallo del Supremo y en un marco de crisis propiciado por la pandemia, la Junta aprobó una modificación de su normativa que flexilibilizaba los horarios de apertura autorizados en domingos y festivos para adaptar la oferta a las cambiante demanda de los consumidores y ofrecer una alternativa al comercio tradicional frente al e-commerce.

Así, establecía que los municipios podrían pedir la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para la totalidad o parte de la localidad cuando, entre otras razones, había sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad o contenía uno o varios BIC. Con esta consideración, los establecimientos comerciales radicados en área declarada, a efectos de horarios comerciales, tendrían plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público.

En el caso de Granada, la zona de gran afluencia turística se amplió al conjunto de la ciudad después de que la Junta rechazara el recurso del Consistorio, que pedía, en línea con los comerciantes y las organizaciones sindicales, que se limitara solo al Centro y los barrios históricos. El Gobierno andaluz consideró que las alegaciones municipales no aportaban nuevos datos objetivos que permitieran sostener las restricciones, aunque sí aceptó reducir a cinco los meses de libertad horaria.

Así, desde este sábado, todos los comercios de la capital nazarí tendrán libertad de apertura en los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Eso permitirá que puedan abrir, si así lo deciden, todos los domingos y festivos de ese periodo, además de poder fijar el horario que le sea más conveniente y determinar. Esta medida ya era efectiva para negocios con menos de 300 metros cuadrados de tienda, pero ahora se extenderá a todos los locales sea cual sea el tamaño, lo que incluye a las grandes superficies.