El mapa de los expedientes bajo sospecha del caso Nazarí

Expediente Parkings

Entre 2000 y 2001 se concedieron licencias para cinco aparcamientos en la capital. Se investigó un presunto «trato de favor» a los promotores Enrique Legerén y José Julián Romero en este proceso administrativo en una causa que también salpicó al exalcalde, la exconcejala de Urbanismo y Manuel Lorente, entonces director de Obras Municipales del Ayuntamiento de Granada. La jueza archivó la investigación ya que cualquier ilícito penal habría prescrito.

Expediente PP-T1 (Palacio de Hielo)

En 2011 se inició una operación inmobiliaria que conllevó una modificación del Plan Parcial T-1 para construir el Palacio de Hielo y una zona de ocio en el Cerrillo de Maracena en la que participaba el promotor José Julián Romero; nunca se llegaron a construir por la fuerte oposición. La investigación fue archivada por tratarse de cosa juzgada, ya que había pasado por los tribunales entre 2013 y 2014. Esta causa salpicaba a Torres Hurtado, su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y el entonces director de Obras Municipales, Manuel Lorente. Los delitos implicados nunca se llegaron a calificar.

Expediente Registrador

Unas obras irregulares en un inmueble de la calle Tórtola de la capital que iba a ser el despacho de un registrador de la propiedad con iniciales J.C., aprobadas en 2011, fueron el detonante de la investigación, archivada en septiembre de 2020 pese a que se había decretado la apertura de juicio oral. El empresario Ramón Arenas, que pedía nueve años y medio de cárcel, lo ha recurrido y sobre ello debe pronunciarse ahora el Tribunal Supremo. Además del registrador estuvieron implicados Torres Hurtado, Isabel Nieto y otros tres funcionarios municipales. Algunos de los posibles delitos investigados fueron organización criminal, prevaricación urbanística y común, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

Expediente PP-N2 (San Jerónimo)

Las obras de urbanización del plan parcial del mismo nombre, relacionada con el empresario José Julián Romero y que afectan al residencial Ciudad de la Luz, cerca del Kinépolis de la capital, que promovió y contó con licencias para 300 viviendas, trasteros y garajes, continúan en investigación tras ser uno de los primeros puntales de la causa: centró una de las dos primeras querellas de la fiscalía por posible prevaricación, tráfico de influencias o cohecho, entre otros ilícitos. El asunto, que se remonta hasta el año 2012, también afecta al exalcalde de Granada, la exconcejala de Urbanismo y otros cinco funcionarios municipales.

Expediente Obispo

Una promoción de viviendas terminada de construir en 2014 en la calle Obispo Hurtado, donde Torres Hurtado e Isabel Nieto compraron pisos, centra la investigación por una posible prevaricación en el otorgamiento de licencia de primera ocupación y legalización de lo construido de manera presuntamente irregular, así como de tráfico de influencias en el caso de los ediles por «prevalerse de sus cargos» y «ocultar su interés personal y directo» en el edificio. Es la primera causa que llega a juicio y solo con la acusación popular del empresario Ramón Arenas, ya que tanto el Ayuntamiento como el PSOE se han retirado de la causa. Para los políticos se piden cuatro años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación.

Expediente Progreso

Unas supuestas irregularidades en los usos del edificio que hoy alberga la sede municipal del Partido Popular de Granada, en la calle Andrés Segovia del Zaidín, centran la investigación, que se remonta a modificaciones solicitadas y firmadas entre 2013 y 2014. Además del exalcalde Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, están implicados en el asunto el promotor Roberto García Arrabal y cuatro funcionarios municipales.

Expediente Mulhacén

La construcción del pabellón del mismo nombre en la calle Torre de la Pólvora del Zaidín, licitada en 2014 y que incluía aparcamientos e inmuebles comerciales, centra el asunto. Los hechos supuestamente fraudulentos tienen que ver con la alteración y modificación de una parcela que era de uso deportivo e invadió terrenos del empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación particular. En este expediente, que sigue abierto, se investigan posible cohecho, fraude en contratación, tráfico de influencias, cohecho y malversación por parte de Torres Hurtado, Isabel Nieto, la exconcejala Telesfora Ruiz, el promotor Roberto García Arrabal y cinco funcionarios municipales.

Expediente Campus

En 2014 se planteó la concesión de una autorización, que nunca se produjo, para construir una residencia universitaria promovida por Roberto García Arrabal en unos terrenos declarados en el PGOU como de uso deportivo. Las obras nunca se llevaron a cabo. El asunto, aún en instrucción, implica, además de a García Arrabal, al exalcalde, la entonces edil de Urbanismo y otros cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Granada. Los posibles ilícitos van desde la prevaricación al tráfico de influencias, entre otros, aunque todavía no se han calificado.

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