Mil menores son condenados cada año por delitos como el acoso o las agresiones domésticas

Los que tratan con ellos coinciden en que lo más se repite actualmente es el maltrato de hijos a padres, tanto físico como psíquico; las agresiones sexuales, relacionadas con el acceso temprano a la pornografía; y el acoso escolar, donde el martirio continúa fuera del aula a través de los móviles. Sin embargo, el dato más esperanzador es que la inmensa mayoría no delinque en la adultez. Aunque siempre hay margen de mejora, las medidas actuales, afirman los expertos, funcionan.

Lo que más se repite entre adolescentes es la violencia filioparental, ocupando una gran parte del trabajo diario, según manifiesta la fiscal delegada de Menores de Granada, Rosa Guerrero. Emilio Calatayud, juez de menores, nota un incremento de su incidencia en niñas, que actualmente representan aproximadamente un 40% de los que agreden a sus padres, frente al 60% del género masculino. La violencia de género en menores ha sufrido asimismo un alarmante aumento, con niños «machistas, controladores y celosos», el caldo de cultivo para que se produzcan insultos y agresiones físicas. Asimismo, las agresiones sexuales preocupan especialmente.

El acoso en las aulas es igualmente llamativo, puesto que ahora cuenta con una herramienta, los móviles, que lo intensifica. «Los centros educativos se excusan en que el acoso ocurre fuera del mismo para decir que no tienen nada que ver, pero no es así, puesto que ahí conviven», detalla Rosa Guerrero. Los protocolos, argumenta, son buenos en la teoría, pero no en la práctica, ya que «se señala al menor». «Lo pone aún más en el foco y el grupo se sitúa contra él», agrega. En redes sociales se recrudecen los delitos contra el honor o la intimidad, mediante la difusión, por ejemplo, de contenido sexual. Recientemente se detuvo a un menor de 16 años acusado de difundir por Whatsapp fotografías y vídeos íntimos enviados por su pareja, de 13 años.

En cuanto a las medidas impuestas, hay algunas que no suponen un encerramiento -el 86% del total de castigos-, como la libertad vigilada, la más común, por la cual se sigue la actividad del muchacho/a, como su asistencia al colegio o al lugar de trabajo.

En el otro grupo están las privativas de libertad, que se aplican a los que cometen delitos más graves. Son enviados a un centro de internamiento específico para menores infractores y hay varios tipos. La mayoría permanece en un régimen semi-abierto, es decir, reside en un centro pero puede realizar fuera alguna de sus actividades. La segunda medida más común es el internamiento terapéutico, para atender a aquellos que padecen alteraciones psíquicas, dependencia del alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, etcétera.

En menor medida se dictamina el internamiento en un régimen cerrado, con cuatro casos en 2022, según las estadísticas de la Junta de Andalucía -esta fue la decisión tomada en el caso de Alhama-. Los adolescentes residen en un centro en el que desarrollan sus labores formativas, laborales y de ocio. «El máximo que se aplica es ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada», manifiesta la fiscal de menores.

Las medidas son elaboradas por un equipo de trabajadores sociales, educadores y psicólogos, que estudian las circunstancias del menor y proponen la más idónea. «Hay casos en los que el interés del menor no se tienen en cuenta, el fiscal sólo puede solicitar internamiento en un centro cerrado y el juez dictarla: en delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual y delitos de terrorismo. También cuando hay circunstancias agravatorias, por ejemplo, si es un delito cometido en grupo, con extrema violencia y/o riesgo para la integridad física», apostilla Rosa Guerrero.

Estas sanciones, destaca el juez de menores, son «muy efectivas» si se aplican a tiempo. «Conozco a taxistas y conductores de autobús a los que de menores los pillaron sin carné y ahora me dan las gracias porque les castigué con sacárselo», destaca Calatayud, que cifra en un 80% los menores delincuentes que nunca llegan a la justicia de adultos. La medida que mas impone por su eficacia, asegura, es «estudiar».

Cuando los adolescentes tienen menos de 14 años no son investigables, por lo que se archiva el procedimiento y se avisa a los servicios sociales o a la entidad pública para que adopte una medida. «Son voluntarias porque no tiene responsabilidad penal. Ahí hace falta crear programas específicos, trabajar con la familia y con él para impedir que al cumplir los 14 vuelva a cometer actos delictivos», insiste la fiscal de menores.

Como dato llamativo, 2022 fue el año con más mediaciones en Granada en la última década. En estos casos el conflicto se resuelve antes de llegar a juicio, en un 'tú a tú' entre las partes. «Pueden pedir perdón, aceptar disculpas, hablar… El verse cara a cara sirve para que se expresen y la víctima de sienta mejor», admite la fiscal. Si llega a buen puerto, el fiscal pide el archivo y el juez lo acuerda. Eso sí, siempre que no se trate de delitos graves ni de violencia de género.