Violencia de género en Granada

Las nuevas violencias contra las mujeres

Por aquel entonces lo que trascendía era la agresión física. La paliza, el ojo morado, el brazo roto. Los ataques de este tipo siguen produciéndose, pero los expertos coinciden en que los maltratadores son ahora «más sofisticados», es decir, han diversificado las formas de violencia, conscientes de que un ojo morado es demasiado evidente. La agresión física convive con la tecnológica, a través de acoso por el móvil, la geolocalización de la víctima o las amenazas de publicar imágenes íntimas, por ejemplo. También destaca la económica, intentando dejarla sin recursos, o la vicaria, atacando a los hijos para hacerle el mayor daño posible. Este lunes, cuando se conmemora el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, diversos expertos analizan el panorama actual.

Granada es la provincia andaluza con más pulseras telemáticas de control a maltratadores de toda Andalucía. «No se puede hablar de que hay más denuncias o violencia, es que el sistema judicial está más concienciado», afirma Montserrat Muñoz, jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de Granada. Según los últimos datos, en la provincia hay actualmente 2.711 casos activos en el sistema VioGén.

Una de las cifras que más pesa es que las encuestas indican que solo el 20-25% de las víctimas denuncian. Hay que llegar al resto. En este sentido, a Montserrat le preocupan los «discursos negacionistas» y los «bulos» que cuestionan la existencia de la violencia de género. «Si ellas no se sienten creídas no van a pedir ayuda, pero eso no va a invisibilizar su dolor. Tenemos que acercarles los recursos para que se sientan más informadas y acudan a las administraciones», apostilla.

En el vigésimo aniversario de la ley, destaca cómo ofreció «un marco legal de protección» a las mujeres y evidenció que esta lacra «no es un problema privado, sino que afecta a la sociedad». «Antes de Ana Orantes hubo algunas medidas, pero su caso fue el punto de inflexión para desarrollar una ley integral contra esta tortura machista». Trajo, por ejemplo, las primeras estadísticas de mujeres asesinadas, necesarias «para conocer la realidad y hacer políticas acordes», y empezaron a crearse casas de acogida. De cara al futuro, la jefa de esta unidad apuesta por campañas «todo el año» dirigidas a todos los colectivos, para dejar constancia de que todos estamos contra los agresores.

Susana Vega, fiscal delegada de violencia de género de Granada, cree que la ley consiguió que no se viese como «normal» el insulto, bofetón o control de una mujer por parte de su pareja. «Antes no pasaba nada e incluso se le decía que se reconciliara con él. La ley cambió la mentalidad, pero sigue habiendo violencia», lamenta. Le preocupa la que está relacionada con las tecnologías, en concreto, las redes sociales, donde maltratadores «insultan» y «hacen alarde de su posición».

Los jóvenes están en el punto de mira. «Hay actitudes muy machistas de chicos que no quieren que miren a su novia o se pongan una ropa determinada», destaca. A su juicio, la violencia económica ha existido siempre, con el intento de dejar a la mujer sin recursos. Otro tipo está en auge, la vicaria, «la más vil que existe». «No la veíamos tanto antes y es matar en vida a la madre», asegura.

Susana Vega recuerda que la educación es la base para erradicarla, mietras que para las mujeres maltratadas hacen falta «muchísimos recursos más». A nivel de la administración de justicia, es necesario un tercer juzgado de violencia de género en Granada, puesto que los dos actuales «no dan abasto» y ahora abarcan también la comarca de Santa Fe. «Estamos teniendo 8, 11 o 15 detenidos diarios, la sobrecarga es brutal», insiste. En este sentido, teme que se modifique el artículo por el cual estos juzgados asuman las competencias de todos los delitos sexuales, sin importar el grado de relación entre agresor y víctima. «Será imposible con los medios actuales y no es justo para la mujer, porque la atención no será la adecuada», sentencia.

Tenemos «la mejor legislación a nivel europeo» en esta materia y se han hecho modificaciones necesarias, aunque, como suele ocurrir en otros ámbitos, se actúa «cuando pasan cosas». María José Adán-López, presidenta del grupo especializado de violencia de género del Colegio de Abogados de Granada, recuerda cómo el caso del asesinato de dos niños a manos de su padre, José Bretón, hizo que se tomara conciencia sobre la violencia vicaria.

La violencia de género tiene muchas caras a día de hoy. «Tenemos el caso de una víctima cuyo maltratador se dedicaba de madrugada a salir y entrar de la zona límite en la que su pulsera telemática pitaba. Cada vez que lo hacía la avisaba a ella, lo que resulta demoledor. Ellos lo saben», admite. Otras formas de machacar a sus víctimas es dejar la pulsera sin batería o irse a una zona sin cobertura. El aviso llega a la mujer y el miedo se apodera de ella. «Quebrantar la orden de alejamiento puede conllevar una pena, pero lo relacionado con el dispositivo es una multa, porque se entiende que es un delito contra la administración de justicia, no contra la mujer. Tenemos que plantearnos si es otra forma de violencia de género», explica.

La violencia económica tampoco está tipificada -va incluida en las coacciones-, pero «ya se están dando pasos para que se considere delito». «Los maltratadores han visto que el ojo morado es muy evidente, así que pasan a querer quitarles todo y hacerles daño a ellas y a sus hijos. También pasa por controlar dónde están, meterse en sus móviles y acosarlas», añade.

En este sentido, María José Adán-López apuesta por la unión de todos los sectores (abogados, jueces, policías, guardias civiles o forenses) «para protegerlas y darles confianza». «Muchas tienen miedo a denunciar por si les hacen daño los agresores, y más si tienen hijos, aunque se suspenda el régimen de visitas», concluye.

La violencia a través de redes sociales es una realidad. «Ocurre en Instagram, Facebook o WhatsApp y se consideran pruebas. Encontramos sistemas para geolocalizar a las mujeres, difamaciones en las redes, acoso continuo con llamadas o publicación de imágenes sin su consentimiento», explica Miguel Nestares, inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Granada.

Las denuncias, señala, han aumentado en estos años debido a que hay «más información» y la sociedad está «más involucrada». «Cada vez se tolera menos la violencia de género, recibimos llamadas de personas anónimas que presencian un ataque de este tipo y lo dicen. Si una mujer le cuenta lo que está sufriendo a su amiga, ella le anima a denunciarlo y le hace ver que eso no es normal», apostilla. En el caso de las víctimas que no quieren denunciar, existe el Protocolo cero, a través del cual si el Cuerpo ve indicios de delito actúa de oficio y las incluye en el sistema. «Los estudios que realizamos desde la UFAM determinan que muchas víctimas no han denunciado, así que intentamos prevenir», indica.

Asimismo, recuerda que en el sistema VioGén, cuando hay casos de especial relevancia, aparece una diligencia automatizada para instar a los fiscales en los atestados a pedir medidas telemáticas al juez. «Lo incluimos hace un par de años y ha habido un aumento de la imposición de pulseras, a las que luego hacemos seguimiento desde la Policía de la mano del Centro Cometa, que controla estos dispositivos», recalca Nestares.

María Martín, presidenta de asociación La Volaera, critica por su parte que la ley «nació obsoleta» porque «no cubría las necesidades de las víctimas». «El sistema está privatizado y el ministerio no tutoriza esas competencias, así que no se han evaluado sus errores», afirma. El colectivo recibe «quejas constantes» sobre las casas de acogida para mujeres y los puntos de encuentro familiares donde los padres ven a los niños. Además, lamenta la falta de atención psicológica y la ayuda en los trámites burocráticos. «Hay retrasos enormes para que un menor con una madre asesinada cobre la pensión», ejemplifica.

Desde La Volaera creen que hay mujeres que «no confían en el sistema» y prefieren «aguantar una paliza y que sus hijos puedan comer». «Aunque el sistema sea imperfecto, les animamos a que denuncien y formen parte de él, porque si no es como si no existieran», señala. Por otro lado, reclaman más recursos policiales para proteger a las víctimas, especialmente las que están en riesgo extremo, y denuncia que se están recortando efectivos especializados en esta materia. «Nos están matando por ser mujeres», sentencia.