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La mayoría absoluta del PP ha bastado para que salga adelante la adenda al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el conocido PMUS, que introduce la ... noción de zona de bajas emisiones en la normativa. PSOE y Vox han rechazado la resolución de los populares a las alegaciones que se habían presentado al texto, un puñado de propuestas que han decaído y no se introducirán en el documento final.
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Los concejales tenían que valorar también las alegaciones al proyecto de la zona de bajas emisiones, pero este punto se ha pospuesto debido a diferencias técnicas. Movilidad había resuelto las sugerencias por bloque y no una a una, como es la interpretación de la secretaría municipal. Esto ha obligado al área a sacar del orden del día la cuestión, que deberá abordarse en una nueva comisión extraordinaria esta semana.
Al contrario que el proyecto técnico de la zona de bajas emisiones, que ha recibido casi 400 sugerencias, la adenda del PMUS apenas ha recibido un conjunto de aportaciones presentado por el grupo socialista. Las modificaciones iban enfocadas a señalar la falta, a su juicio, de referencias al efecto que las medidas planteadas podían tener para la salud de los ciudadanos y a la necesidad de especificar acciones complementarias a las limitaciones, como carriles exclusivos o intermodalidad, para evitar un golpe a los desplazamientos metropoltanos. Otras alegaciones iban dirigidas a la afección que la zona de bajas emisiones podía tener para los ciudadanos y la falta de elemento de control en el texto.
Los populares han rechazado estas aportaciones al considerar que el PMUS es un documento estratégico, pero que no tiene por qué recoger cuestiones específicas que sí deben estar en el proyecto de la zona de bajas emisiones -otro documento distinto- de acuerdo a la ley. Desde Movilidad, no obstante, han recordado que texto sí recoge numerosas referencias a la cuestión sanitaria; es decir, a cómo uno de los objetivos de las limitaciones es precisamente la reducción de las emisiones que tienen un impacto directo en la salud de las personas. Entre otros puntos, han señalado que alusiones de este tipo aparecen tanto en la presentación de la adenda como en el articulado, los objetivos y las conclusiones finales.
El PP también ha rechazado una propuesta que solicitaba medidas complementarias más amplias al considerar que, aunque no se oponían a las mismas, implicaban a más áreas de gobierno y, por tanto, excedían la naturaleza del documento, que está centrado en la movilidad.
El debate ha vuelto a exponer las diferencias que existen entre el gobierno y la oposición respecto a las limitaciones. La edil de Movilidad, Ana Agudo, ha defendido el ingente esfuerzo realizado por los técnicos a la hora de abordar los cambios requeridos para la realización de la normativa y ha insistido en la vía dialogada abierta por su equipo para tratar de hacer «lo más participada posible» la zona de bajas emisiones. Ha recordado sus reuniones con todos los alcaldes metropolitanos, así como con colectivos, asociaciones, sindicatos y grupos empresariales para escuchar propuestas y enriquecer el documento. Desde su equipo se ha afeado al equipo de gobierno anterior la ausencia de informes sobre aforo y desplazamientos a la hora de abordar el proyecto y ha insistido en que el modelo escogido es el «más equilibrado». «El hecho de que PSOE y Vox tengan una opinión similar nos reafirma en esto».
La edil socialista Raquel Ruz ha justificado su rechazo a una normativa de la que ha elogiado el «esfuerzo de los técnicos», pero que ha calificado de «ocurrencia política» ante la ausencia de medidas complementarias que considera vitales, como líneas coordinadas o la ampliación del metro. Según ha recalcado, «llevar las restricciones a todo el municipio es un planteamiento erróneo y una ocurrencia electoralista y recaudatoria». La concejala ha llamado la atención a Agudo sobre el número de alegaciones al proyecto técnico, que rozan las 400, y la ha invitado a reflexionar. «El proyecto está mal elaborado, diseñado y planteado no por los técnicos, sino por la visión política; creo que nunca ha habido un expediente con tantas alegaciones», ha especificado.
Vox, por su parte, se ha reafirmado en su oposición a las restricciones. La edil Mónica Rodríguez ha reconocido el esfuerzo «titánico» de los técnicos, pero ha manifestado que su formación sigue en contra de lo que considera «una imposición». A su juicio, el alto número de alegaciones al proyecto refleja «un rechazo bastante evidente» y ha lamentado una propuesta «que va a hacer más difícil el día a día de muchos granadinos». «No todo el mundo tiene un horario convencional y el transporte urbano no está capacitado aún para absorber la demanda tan grande que, por esta imposición, no va a poder entrar. Son casi 400 alegaciones revelan el descontento general», ha añadido.
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