El plan de movilidad plantea extender la zona de bajas emisiones al Cinturón

Aquellos titulares de vehículos altamente contaminantes que no estén censados en la ciudad y que no encajen en ninguna de las excepciones aprobadas por el gobierno municipal deberán hacer uso del transporte público o de los aparcamientos de borde para poder acceder. Esto ha provocado un alud de alegaciones y sugerencias al plan que el Ayuntamiento está estudiando para terminar de perfilar la medida y evitar que la iniciativa, que busca mejorar el problema acuciante de calidad del aire que existe desde hace años, afecte de manera abrupta a los granadinos.

La idea original era que el área restringida abarcara únicamente el núcleo urbano de la capital. El plan de transporte metropolitano de Granada, sin embargo, abre la puerta a una ampliación que incluya a otras localidades del Cinturón. Así lo recoge el documento, cuyas alegaciones fueron resueltas el jueves pasado y aún debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que podría implicar posibles cambios de última hora, según apuntan desde la Consejería de Fomento.

El texto recoge ya la extensión de la zona de bajas emisiones de Granada, pero propone una segunda fase que alcanzaría a los núcleos urbanos por los que pasa el metro en la actualidad. Esto incluiría tanto a Albolote y Maracena por el norte como a Armilla. Los técnicos le ponen fecha a la extensión. Sería antes de que finalice 2027.

Posteriormente, se llevaría a cabo una nueva ampliación que incluiría a otras localidades metropolitanas situadas en el cordón más cercano a la capital. Se trata de municipios como Churriana de la Vega, Gabia Grande, Ogíjares, La Zubia, Huétor Vega, Peligros, Atarfe y Santa Fe. En este caso, los técnicos plantean que la extensión se lleve a cabo más allá de 2030 y lo condiciona a que «se dispongan de líneas de altas prestaciones», es decir, sistemas de transporte masivos con capacidad para mover a un gran volumen de población para reducir en lo posible la afección a los vecinos que se desplazan habitualmente en este ámbito.

El plan metropolitano establece que, para llevar a cabo las sucesivas ampliaciones, se creará una mesa de diálogo entre la Junta de Andalucía y los municipios afectos. Asimismo, se actualizará el proyecto de zona de bajas emisiones para la inclusión de nuevas localidades. Ese documento tendrá que delimitar el ámbito concreto de forma «consensuada» así como las restricciones que pueda salir de la mesa.

Desde la Consejería de Fomento insisten en que la zona de bajas emisiones es una cuestión que «deciden los ayuntamientos». «Nosotros estaremos afectados en nuestro transporte público como cualquier otro», añaden las fuentes consultadas, que recuerdan que el plan debe aún ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Este periódico ha contactado con los municipios incluidos en la primera fase de ampliación para conocer su posición respecto a la propuesta. El alcalde de Albolote, el popular Salustiano Ureña, reconoce que el municipio no es ajeno a borradores de ampliación de la ZBE que irían en paralelo a la extensión de la línea del metro. El dirigente considera que, a priori, el planteamiento «no nos parece mal» en un contexto en el que existe «una necesidad real de mejora de la calidad del aire».

No obstante, el primer edil de Albolote aclara que «sí hay que ver cómo se implantaría y qué alternativas se disponen». En su opinión, por las conexiones que existen entre el municipio y la capital, la implantación «nos afectaría menos que a otros», pero insiste en que debe estudiarse bien cómo se articula todo.

El alcalde de Maracena, el socialista Carlos Porcel, admite también que conocía la propuesta, que se aprobó hace una semana con el voto en contra tanto de su municipio como de otros afectados. La justificación del rechazo es que «está basado en un concepto de movilidad totalmente diferente a lo que supone la ZBE a día de hoy y dejaba en parte fuera a Maracena».

El responsable pide un plan de actuación global que incluya a la localidad y el resto de la corona «con diálogo y consenso». Aboga por una modificación de la planificación que parta de una almendra central que, posteriormente, vaya ampliándose a partir del recorrido del metro «siempre que los vecinos de Maracena tengan las mismas características que los de Granada». Ese proyecto debe ir, según defiende, de parkings disuasorios, un refuerzo del bus y bonificaciones al transporte público.

Respecto a la aplicación de la zona de bajas emisiones a Armilla, la alcaldesa, la socialista Loli Cañavate, asegura que la regulación del tráfico en el municipio es «competencia municipal» y que la voluntad de su gobierno es «ejercerla con responsabilidad». En este sentido, señala que su equipo lleva tiempo buscando «el equilibrio entre la redacción de vehículos contaminantes y la minimización de los contratiempos para los vecinos» y asegura que la apuesta de la localidad va encaminada a «implantar zonas semipeatonales en las que el acceso rodado quede limitado a quienes tengan garaje en esas calles».

Cañavate insiste en que el modelo contra el que está su equipo es el actual de Granada. «No se puede discriminar a los vehículos por su procedencia, sino que hay que atender a su nivel real de emisiones», asegura antes de reiterar su «compromiso» con «la movilidad sostenible, justa y equitativa».