El primer caso de corrupción de la etapa de Torres Hurtado se juzgará en febrero

Así consta en un auto dictado el pasado 6 de mayo por la Sección Segunda al que ha tenido acceso IDEAL. En él, se admiten algunas de las pruebas propuestas por las partes y se rechazan otras, así como se dispone reclamar al órgano instructor, el Juzgado de Instrucción 2, «los soportes de las videograbaciones de las declaraciones prestadas por acusados y testigos».

Fue en mayo del año pasado cuando la jueza que investigó los hechos, María Ángeles Jiménez, dictó el auto de apertura de juicio oral contra los 17 acusados. Junto al exregidor, que se sentará en el banquillo como presunto autor de seis delitos, están la anterior edil de Urbanismo, Isabel Nieto; el promotor Roberto García Arrabal; la antigua cúpula de Urbanismo; y los otros ocho ediles que participaron el 26 de julio de 2012 en la votación de los horarios y usos complementarios de las controvertidas instalaciones, clausuradas desde 2017.

En su resolución, la Audiencia advierte a la partes de que en las sesiones podrá intervenir cualquiera de los cinco magistrados que integran la Sección Segunda: José Requena Paredes, Aurora González Niño, José María Sánchez Jiménez, Juan Carlos Cuenca y Aurora Fernández.

El tribunal subraya que se reserva el período indicado, que abarca dos meses, «dada la complejidad de la causa» y «la necesidad de atender cumplidamente la prueba interesada por las partes y admitida». Asimismo, indica que se habrá de disponer «de local adecuado para la celebración del juicio en condiciones aptas». En otras ocasiones, para enjuiciar asuntos con un elevado número de acusados -y por ende de abogados-, se ha recurrido a una sala especial del edificio judicial de la Caleta, de mayores dimensiones que las del Palacio de la Real Chancillería. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Alhambra.

En esas ocho semanas, tendrán que declarar los 17 encausados y desfilar numerosos testigos, además de los distintos peritos propuestos por las acusaciones y las defensas. Entre las pruebas planteadas que han sido rechazadas por innecesarias, por no ser útiles o por otros motivos, está la declaración como testigo del edil Francisco Puentedura (IU).

En esta causa están personados como partes acusadoras el partido político Vox, el Ayuntamiento de Granada, un particular, la empresa de Tomás Olivo General de Galerías Comerciales -que construyó el centro comercial Nevada de Armilla- y el empresario Abel Pizarro y Sky Club Serrallo Plaza. Esta última es la empresa que adquirió en subasta por 415.000 euros el establecimiento a raíz el concurso de acreedores en el que se vieron inmersos los primeros propietarios, que la inauguraron con el nombre '683 Upper Club'.

La fiscal del caso Serrallo ha sido Sara Muñoz-Cobo, quien en abril del año pasado emitió su escrito de conclusiones provisionales y pidió ocho años de prisión para el exalcalde de Granada, así como 36 años y medio de inhabilitación y multas que suman 522.000 euros.

En este asunto, que ha sido investigado por el mismo juzgado que ha instruido la otra gran causa de presunta corrupción urbanística de Granada (el caso Nazarí), el ministerio público cree que se actuó conculcando la legalidad y con «olvido absoluto» de los intereses públicos. Observa delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación y tráfico de influencias, ilícitos a los que suma otro continuado de prevaricación.

El ministerio fiscal acusa también a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto (PP) -que se enfrenta a la misma petición de penas que Torres Hurtado-; al promotor de la 'disco', Roberto García Arrabal; y a seis técnicos municipales. No obstante, al igual que el Ayuntamiento, no formuló cargos contra los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor del expediente. Estos fueron: Juan Antonio Fuentes, María Francés, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea y Francisco Ledesma, además de Vicente Aguilera y Juan Antonio Mérida.

En concreto, el Ayuntamiento de Granada reclama cuatro años de cárcel para el exalcalde y 13 de inhabilitación especial, mientras que Vox, por ejemplo, acusa a los 17 implicados y solicita que sean condenados a indemnizar, conjunta y solidariamente, con 3 millones de euros al Ayuntamiento. Reclama tal cantidad por los «perjuicios a las arcas municipales».