Los 16 investigados del caso Marchelo: políticos, empresarios y un arquitecto técnico

Entre los 16 nombres a los que el juez de Santa Fe Pedro de Dios Hernández imputa, de momento de forma indiciaria, las supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas hace ya doce años -el expediente del caso arrancó justamente el 23 de mayo de 2006- hay políticos, empresarios y un arquitecto técnico. Pero, ¿quién es quién en el caso Marchelo? Esta es la relación de implicados:

Era concejal de Urbanismo, Economía y Personal del Ayuntamiento de Alhendín y, supuestamente, según concluye el juez, pudo recibir un piso en una urbanización de Armilla a cambio de favorecer a un promotor: el constructor que levantó Novosur. El instructor sospecha que el exedil pudo «hacer dejación manifiesta y maliciosa de las funciones de inspección y/o disciplina urbanística que el competían» como concejal de Urbanismo. Lo vincula directamente con la aprobación del proyecto de desvío del barranco por la construcción del citado residencial y le atribuye haber realizado, supuestamente, con la connivencia de los demás integrantes de la Junta de Gobierno Local, actuaciones urbanísticas que contravenían «las exigencias derivadas de la servidumbre legal aeronáutica respecto de la cercana Base Aérea de Armilla».

Era el alcalde popular de Alhendín en la época de las operaciones que se han investigado. El juez cree que pudo aprovecharse de su condición de primer edil para recalificar un terreno rústico que había comprado con sus hermanos a finales de los 80. La finca pasó a ser suelo urbano y en 2002 fue vendida a una gasolinera.

Era concejal encargado de Obras Públicas, Tráfico y Servicios del Ayuntamiento de Alhendín. Era miembro de la Junta de Gobierno Local cuando fue aprobado el convenio urbanístico entre el Parque Empresarial Alhendín (PEA) y el Ayuntamiento de Alhendín en 2005, que supuestamente incurrió en diversas infracciones urbanísticas.

Era concejala encargada de Cultura, Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhendín. También se ha visto inmersa en el caso por su voto favorable en el convenio urbanístico del PEA como miembro de la Junta de Gobierno Local del 16 de diciembre de 2005. Según cree el juez, ella y los tres anteriores votaron a favor «a sabiendas» de la «injusticia e ilegalidad» del convenio . Entre otros motivos, porque constaba en el expediente administrativo informes técnicos y jurídicos «manifiestamente contrarios a la ejecución de obras de movimiento de tierras por parte de la promotora hasta que no se produjera la aprobación definitiva del proyecto de urbanización».

Está inmerso en la causa por su labor como arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento investigado. El auto indica que informó favorablemente a la recalificación de una finca del exalcalde donde luego se construyó una gasolinera, supuestamente «a pesar de conocer -indica el juez- que la licencia contravenía lo establecido en las Normas Subsidiarias en cuanto a los usos permitidos en esa clase de suelo».

Empresario sevillano del sector de la construcción y consejero delegado del Parque Empresarial de Alhendín (PEA), la entidad que compró los terrenos donde luego se impulsó el desarrollo del polígono Marchalendín. Está inmerso en la causa por apartarse, supuestamente, de los compromisos que suscribieron los antiguos propietarios de los terrenos «en perjuicio de los intereses municipales». Entre las presuntas infracciones urbanísticas que el juez aprecia en el convenio urbanístico entre el PEA y el Ayuntamiento está «no contener el convenio una resolución motivada en cuanto a la cesión a la promotora del aprovechamiento urbanístico que correspondía al Ayuntamiento».

El primero es también empresario constructor inmobiliario. Se ha visto implicado en este asunto por ser consejero delegado de la mercantil TARJE S.A., a la que se adjudicaron las obras de la primera fase del Parque Municipal-Mercadillo Ambulante del municipio. El segundo figura en la causa porque era el presidente y consejero de la entidad PEA.

Su implicación deriva de su condición de empresario, promotor y constructor inmobiliario. Era el administrador de FRAI Desarrollos Inmobiliarios, la empresa que construyó la urbanización Novosur. Entre los hechos que le salpica, el juez detalla que la práctica totalidad de las licencias de obras que se concedieron a su empresa a lo largo de 2005 y 2006 para construir el residencial «se concedieron con la condición de que las obras de urbanización y edificación no podían iniciarse hasta tanto no se presentara en el Ayuntamiento la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el encauzamiento del Barranco de La Calera o Arroyo Marañón«.

Se trata de cuatro empresarios (los tres primeros son hermanos y el cuarto es hijo del primero de ellos) vinculados con la entidad PEA (Luis A. P. fue vicepresidente), y otras tres empresas.

Está incluido en la relación de investigados como antiguo propietario de los terrenos ubicados en el pago El Marchal y como uno de los socios fundadores del PEA.

El primero es otro empresario, que se ha visto salpicado por este asunto por ser el anterior representante legal de la mercantil Estaciones de Servicio Penibética, que fue la que adquirió la finca del exalcalde para levantar una gasolinera. La segunda es hija del primero.