En la provincia de Guipúzcoa, con gran peso del sector industrial con convenios más proclives a la reducción horaria, el 60% de los trabajadores ya disfrutan de una jornada semanal inferior a las 37,5 horas. Sin embargo, frente a otros territorios donde el efecto ... sería más limitado, en Granada la propuesta de recortar la jornada laboral de forma progresiva en los dos próximos años hasta situarla en 37,5 horas semanales en 2025, sin que implique una rebaja salarial, supondría una revolución en las relaciones laborales con respecto al escenario actual.
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La medida que negocia el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los sindicatos CC OO y UGT, así como las patronales CEOE y Cepyme, presidida por el granadino Gerardo Cuerva, tendría un extraordinario impacto en la provincia. Y es que en Granada, la práctica totalidad de los convenios sectoriales recogen aún jornadas máximas de 40 horas semanales. En el caso de los de empresa, mejoran de forma general los de sector.
39,82 horas
Es la jornada semanal media en la provincia, la más alta de Andalucía.
112.359 trabajadores
Son los trabajadores protegidos por los convenios de sector vigentes en la provincia de Granada.
60.134 empleados públicos
Son empleados del sector público en Granada, que ya tienen implantada la jornada laboral de 37,5 horas.
El último informe del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, con fecha de junio de 2024, sitúa la jornada laboral en la provincia en 1.798 horas, es decir una media de 39,82 horas que es la más alta de Andalucía, por una diferencia mínima eso sí con Almería (39,79 horas).
Las cuarenta horas semanales de jornada máxima, descontando vacaciones y festivos, son la tónica en 17 de los 18 convenios de sector vigentes en la provincia, que afectan a 48.895 empresas y protegen a 112.359 trabajadores, según la misma fuente. En Granada, la implantación de la medida obligaría por tanto a revisar los convenios de sector más importantes tanto por volumen de trabajadores como por ser referencia para el resto de la negociación colectiva.
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Es el caso del convenio provincial de las empresas de hostelería, vigente hasta 2025 y que afecta más de 30.000 trabajadores, el del sector de la construcción que protege a más de 14.000 profesionales y el comercio, con más de 12.000. La única excepción, entre los convenios de sector, es el de limpieza de edificios hospitalarios, que afecta a cinco empresas que suman alrededor de un millar de trabajadores y contempla una jornada de 35 horas semanales.
Desde el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, dependiente de la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, explican que en el caso de Granada tan solo el convenio del campo, vigente hasta 2025, introdujo una cláusula por la cual si se redujera la jornada de 40 horas, los descansos establecidos dejarían de contarse como tiempo de trabajo.
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Luis Miguel Gutiérrez
Secretario general UGT Granada
Para el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, la reducción de jornada tendría un impacto muy positivo en la provincia. «Permite avanzar en derechos, contribuye a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; mejora la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras y tiene un impacto directo en la productividad de las empresas y en la economía. Porque han pasado más de 40 años desde que se instauró la jornada laboral de 40 horas, es el momento de una reducción de jornada por ley en España» defiende.
Esgrime, además, que la disminución del tiempo de trabajo «se produce de manera muy escasa y con muchas dificultades», por lo que «este avance político puede generar una nueva dinámica de negociación colectiva, que permitirá que haya convenios que empiecen a situar horizontes de jornada de 35 horas, como UGT lleva proponiendo desde hace años».
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El responsable del sindicato recuerda que los 60.134 empleados del sector público en la provincia tienen ya instaurada la jornada laboral de 37,5 horas, excepto para aquellos puestos de especial dedicación. También los que están protegidos por convenios de empresa tienen medias más favorables «porque incluyen los del sector público más propicios a reducir las jornadas laborales de sus trabajadores».
Clara Casternado
Secretaria Acción Sindical CC OO Granada
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CC OO Granada, Clara Casternado, valora muy positivamente el salto que las 37,5 horas supondrían para mejorar la vida de las más de cien mil trabajadores de la provincia que se rigen por convenios de sector. «El futuro pasa por tener una jornada laboral que haga más productiva la actividad empresarial y permita la conciliación, evitando que la vida laboral absorba todo el tiempo. Tener más tiempo mejora el bienestar general y reduce las tasas de absentismo y bajas por enfermedad. Desde esta perspectiva, también se benefician las empresas en términos de costes y continuidad del trabajo», asegura.
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A su juicio, a nivel provincial, la medida tendrá efectos beneficiosos en todos los sectores, «aunque afectará principalmente a la hostelería, cuyas jornadas son abusivas y al comercio por la implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística que contempla la ampliación de horarios».
También entiende que la reducción de la jornada laboral generará nuevos puestos de trabajo «una oportunidad que hay que aprovechar especialmente en una provincia con una tasa de desempleo del 20.1%».
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El rechazo a la medida es rotundo por parte de los empresarios granadinos. En línea con sus organizaciones nacionales, la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), María Vera, sostiene que la decisión de reducir la jornada laboral «debería ser adoptada en el marco de la negociación colectiva», tal y como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. «Ya hay muchas empresas y sectores que han ido adaptando su jornada laboral a menos de 40 horas semanales porque así lo permiten tanto su organización interna como sus índices de productividad», explica Vera, que insiste en que, lo que no tiene sentido, es adoptar esta medida de forma generalizada y sin contar con los empresarios. «No se puede debatir sobre la jornada laboral dejando fuera factores como la productividad, que, según el último informe de CEPYME, encadena un año y media caídas. Y, sobre todo, no se puede tomar una medida así de forma unilateral y por Real Decreto», sin tener en cuenta el elevado coste que tendrá para las pequeñas y medianas empresas, apunta.Vera defiende que medidas como esta «incrementan la ya de por sí elevada incertidumbre» a la que se enfrentan las empresas debido a la actitud intervencionista del Gobierno. «Las empresas no saben con qué nueva medida se van a levantar mañana y eso nunca es bueno para el negocio», señala la secretaria general de la CGE.
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