Una reivindicación histórica que cuenta con sentencias a favor

El plan fue rechazado por movimientos ecologistas y por la Junta de Andalucía, que paralizó la tramitación, lo que produjo el enfrentamiento con la promotora en los tribunales durante casi nueve años. En primer término, la empresa se vio favorecida por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba por cumplido el trámite del informe ambiental.

Sin embargo, a finales de 2016 se conoció que el Supremo emitió una sentencia que la tramitación debía retroceder hasta el momento «previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental», lo que provocó el abandono del proyecto. Ahora, con un nuevo gobierno en la administración regional, se espera que el proyecto encuentre mayores facilidades.