Operaciones de Endesa

La sobrecarga de la red eléctrica en Granada por el cultivo de marihuana obliga a retirar 9.000 metros de cable

En este sentido, la compañía eléctrica ha retirado en solo tres meses en la provincia más de 9.000 metros de cableado en «condiciones deficientes» por la sobrecarga relacionada con la marihuana, puesto que pierde su capacidad aislante, su sujección y se convierte en un riesgo para las personas. Traducido en euros, supone un desembolso de más de medio millón. La creencia de que es la compañía eléctrica la que lo asume es errónea. La defraudación repercute directamente en los bolsillos de los ciudadanos, aumentando la factura eléctrica en casi 150 millones de euros el pasado año, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Los datos aportados por la compañía eléctrica revelan que en apenas tres meses, de junio a septiembre de este año, fueron retirados 9,3 kilómetros en mal estado y, a la par, se detectaron cerca de 200 enganches ilegales y 32 plantaciones de marihuana. Destaca el dispositivo desarrollado en Atarfe, concretamente en el barrio del Barranco, donde en colaboración con la Guardia Civil se desmontaron 5,5 kilómetros de cables. El listado lo completan las intervenciones en el distrito Norte de Granada, Loja y Pinos Puente. De las intervenciones en Norte, llama la atención una en el Hotel Luz en la que se requisó una cantidad considerable de cableado para desconectar dos edificios, Henrique Jorquera y Acosta Medina, «pero a la semana volvieron a conectarse».

Esos 9,3 kilómetros de cableado se traducen en un gasto de más de medio millón de euros para la compañía, teniendo en cuenta que la reposición de cada kilómetro cuesta 60.000 euros. La inversión incluye el nuevo material y la mano de obra, de ahí que la cifra sea tan elevada. El que suelen buscar los delincuentes es aéreo, por ser más fácil de manipular, pero si se tratase de cables subterráneos, cada kilómetro renovado supondría un gasto de hasta 300.000 euros.

Entre el cableado retirado hay dos modalidades. Por un lado, la propia red de Endesa, que da servicio a miles de personas. Por otro lado, se da la circunstancia de que los defraudadores cada vez usan métodos «más sofisticados». Ya no solo se limitan a manipular contadores, ahora montan sus propias «redes de baja tensión» para conectarse a la red, es decir, tendidos ilegales y sin contratos en vigor. Estas infraestructuras se retiran durante las intervenciones que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional. «Las mafias son capaces de montar infraestructuras eléctricas con kilómetros de cables. La gran mayoría del cableado desmontado se encuentra en deficientes condiciones, mal aislamiento y sujeción, con alto riesgo de electrocución e incendio», insiste Endesa. Por tanto, los 8.300 metros retirados incluyen tanto material propio de la compañía como estos tendidos ilegales.

Las plantaciones de marihuana se detectan en todos y cada uno de los pueblos de la provincia, tal y como han reiterado en diversas ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. IDEAL ya publicó este verano que en más de la mitad de los casos de defraudación de energía eléctrica -en concreto, el 58%- está relacionado con este cultivo. En ciertos pueblos esta cifra supera el 80%.

Estas plantas precisan de una gran potencia eléctrica por el uso de aires acondicionados, lámparas halógenas o ventiladores, entre otros. Los defraudadores evaden la factura de la luz e intentan pasar desapercibidos a través de los conocidos como enganches, es decir, conexiones ilegales a la red. Sin embargo, Endesa es capaz de detectar cuándo la potencia consumida en un punto no corresponde a la habitual. Hay edificios en Granada en los que la medición llega a los 300 amperios, un consumo que supera a un polígono industrial y equivale a 60 viviendas, según explica la compañía.

Las consecuencias de esta manipulación, así como de la sobrecarga de la red relacionada con la marihuana, son varias y a cada cual más negativa. Para empezar, la manipulación la lleva a cabo personal sin autorización, con materiales inadecuados y sin equipos de protección individual. «Se genera una enorme inseguridad que comienza por el propio defraudador, que puede sufrir una descarga e incluso morir por electrocución, y que continúa por sus vecinos y su entorno, que están expuestos también a posibles explosiones y accidentes», cuentan desde la compañía.

En este sentido, las viviendas 'enganchadas' carecen de los sistemas de seguridad básicos que toda instalación debe tener. La única protección que funciona es la de las redes de Endesa, «que también son boicoteadas, eliminando así la seguridad para las personas y el entorno».

Por otro lado, la manipulación daña las instalaciones eléctricas, que ofrecer más potencia de la prevista; tienen que ser constantemente renovadas; se sobrecalientan, produciéndose cortes de suministro; y se produce un retraso en la reparación de averías, debido a la dificultad que encuentran los técnicos para detectar el punto que las provoca. «Todo esto provoca un aumento de la factura eléctrica para los vecinos, ya que la energía que consume la está 'tomando' ilegalmente de la red de otros clientes que sí tienen contrato», concluye Endesa.