Solo el 2% de los coches de Granada podría entrar en la zona de bajas emisiones

El marco normativo estatal que regula la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones, requeridas por las autoridades europeas, indica que solo los vehículos con distintivo medioambiental Cero o Eco podrán circular y estacionar normalmente a partir de su puesta en marcha. El primero de estos grupos se compone de coches eléctricos e híbridos enchufables con una autonomía mayor de 40 kilómetros, según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT), mientras el segundo se amplía hasta incluir al resto de híbridos y los que funcionan con gas. De acuerdo con los datos más recientes de este organismo, que alcanzan hasta el cierre de 2021, apenas 10.116 turismos en toda la provincia granadina cuentan con alguna de estas etiquetas, lo que supone apenas el 2% de un parque de 485.701 vehículos en total.

El siguiente conjunto de coches en esa escala de sostenibilidad, los que tienen el distintivo C, podrán en principio desplazarse por la ZBE siempre que sea exclusivamente para dirigirse a un aparcamiento. Incluso contando este grupo, el porcentaje del parque provincial que podría acceder a la misma se quedaría en el 29,3% del total, por debajo del tercio. El grupo más numeroso en Granada es el de distintivos medioambientales B, que incluye vehículos de gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006, que supera por poco la cota del tercio (34,2%), no tendría cabida, aunque se contemplaban opciones en este sentido en el proyecto de ZBE que presentó el Ayuntamiento de Granada cuando todavía era Luis Salvador el primer edil; además, los detalles de la implantación a nivel se encuentran todavía en estudio. Otro 29% del parque de vehículos está compuesto por los más contaminantes, que no tienen derecho a ningún distintivo.

Las cifras de nuevas matriculaciones en Granada que ofrecen las patronales de fabricantes y concesionarios indican que el segmento del coche eléctrico sigue creciendo, aunque muy despacio, y sigue sin suponer un porcentaje importante del mercado pese a que en teoría deberían quedar apenas meses para que las ZBE comenzasen a funcionar en todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes; sin embargo, solo el 13% de ellas cumplirá con el objetivo de empezar 2023 con ellas en marcha.

Entre enero y septiembre se han matriculado en la provincia 446 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que apenas suponen el 8% del conjunto. Los híbridos, por ejemplo, son cerca de cuatro veces más; en concreto, 1.646. Pese a todo, siguen creciendo; el año pasado por estas fechas eran el 6,3% de las matriculaciones, más de punto y medio por debajo de la cota actual. Un crecimiento que además se produce en un contexto difícil para el sector en la provincia, con un 10% menos de ventas en los tres primeros trimestres que en el mismo período de 2021.

Los sucesivos planes de ayuda para la renovación del parque de vehículos que el Ejecutivo viene poniendo en marcha desde 2019 y que continúan en vigor no están terminando de funcionar como se esperaba, de acuerdo con un informe reciente del Banco de España que analiza el efecto de los programas «de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible» (Moves). La conclusión de los investigadores es clara: salvo en un puñado de comunidades autónomas, entre las que no se cuenta Andalucía, «no puede descartarse» que el impacto de los planes de ayuda sea «estadísticamente nulo». Los autores consideran posible que la efectividad de estas medidas «parece variar con el nivel de renta de los hogares», ya que estos vehículos siguen sin estar entre los más asequibles, así como a factores relacionados con el despliegue de una amplia red de recarga.

Coincide con este diagnóstico Gerardo Pérez, presidente de la patronal de concesionarios (Faconauto). Los planes Moves se han enfrentado a problemas de excesiva burocracia que han redundado en que «los pagos han llegado muy tarde; las comunidades tardan un tiempo inaceptable en resolver las peticiones», opina. «El coche eléctrico puro apenas supone un poco más del 3% del total en España, y eso que ya hay más de 200 productos de este tipo en el mercado». Además, los programas no han servido para rejuvenecer el parque de vehículos, porque en muchos casos «quienes pueden permitirse un vehículo en el entorno de los 60.000 euros no entrega para achatarrar un coche de más de diez años», considera.

Pérez cree que las zonas de bajas emisiones constituyen una medida de presión para un consumidor que sigue enfrentándose a una alta incertidumbre y un entorno económico complicado. «El ciudadano medio, con una renta anual de 23.000 euros, no puede permitirse un coche eléctrico. Toda la iniciativa gubernamental, e incluso autonómica y local, se está volcando en prohibir usar un medio de transporte, y serán sobre todo los ciudadanos de renta baja los más perjudicados», asegura.