Timo en Granada: el viaje de fin de carrera que nunca despegó, sólo voló el dinero

Los hechos, que enjuiciará la Audiencia de Granada el próximo mes de abril, ocurrieron en 2019. Atraídos por los planes de vacaciones que ofertaba el negocio, los denunciantes enviaron varios wuasap «para que les gestionara el viaje de fin de curso con destino a Malta y que debía llevarse a cabo entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 2019», detalla el ministerio público, en su escrito provisional de acusación, el contenido de los primeros contactos que mantuvieron el sospechoso y los afectados.

El encausado remitió a sus clientes folletos informativos y la documentación para cerrar el trato. Iban a adquirir un producto denominado 'paquete platinum', esto es, la ida y vuelta en avión y el alojamiento don «todo incluido». A cambio, los estudiantes debían apoquinar 544 euros, aunque cinco de los 26 jóvenes que se apuntaron tuvieron que desembolsar 659 euros, pero el documento elaborado por la fiscalía no explica a qué se debió esa diferencia.

Sea como fuere, los 14.719 euros que pagaron los futuros fisioterapeutas acabaron ingresados en las cuentas personales del supuesto empresario. Los perjudicados nada más volvieron a saber de él. Se quedaron en tierra. Pese a que el «acusado se había comprometido con los estudiantes a tener los vuelos y hoteles contratados y las reservas hechas», la realidad fue que les había engañado. Se acercaba la fecha de partida, y lo único que tenían las víctimas era un pdf que, en teoría, les serviría para subirse al avión con dirección a Malta.

Inquietos porque el responsable de la agencia no daba señales de vida, los universitarios llegaron a ponerse en contacto con «los hoteles en los que supuestamente iban a alojarse y comprobaron que ninguna gestión se había hecho de reserva por el acusado», explica el ministerio fiscal.

Todo fue inútil. El procesado no atendía a las llamadas de los damnificados. Tampoco pudieron localizar en el local que la agencia tenía en Granada. Siempre se toparon con la puerta cerrada. No había nadie en la oficina.

«Los hechos narrados son constitutivos de un delito de apropiación indebida. No concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer al acusado la pena de tres años de prisión», concluye la fiscalía.

El negocio en cuestión era, según el ministerio público, una franquicia de figuraba inscrita en el registro mercantil de Barcelona y se ha declarado insolvente.