Torres Hurtado y Nieto siguen inmersos en otras cuatro piezas del caso Nazarí

En el expediente Mulhacén se investiga una alteración y modificación supuestamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora número 35 de la capital que tenía por objeto la ejecución del Pabellón Mulhacén del Zaidín, así como aparcamientos y edificios para la actividad comercial. En esta operación, supuestamente, el promotor, Roberto García Arrabal, invadió un solar de Ramón Arenas.

El abogado de este último, Jorge Fernández, confirmó este miércoles a este diario que su cliente, que recurrirá el fallo absolutorio del expediente Obispo, seguirá ejerciendo la acusación particular en esta parte del proceso.

En la pieza Mulhacén están investigados, de acuerdo con las fuentes consultadas, además del exalcalde José Torres Hurtado y el promotor, la exedil Isabel Nieto, el exdirector de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo y la ex directora general de Urbanismo, así como el exdirector de Obras, Manuel Lorente Sánchez-Palencia; el exjefe de licencias, Emilio Martín Herrera; la exconcejala popular Telesfora Ruiz; y otro ex alto cargo de Urbanismo.

En el expediente Campus se investiga una autorización (no concedida) para la construcción de una residencia universitaria en parte de una parcela calificada como equipamiento deportivo. El centro proyectado por García Arrabal en un solar del PTS no fue construido, pero la Policía apreció indicios de supuesta corrupción en esta operación, que asimismo salpica como investigados a José Torres Hurtado y a Nieto.

También relacionaron los investigadores de la UDEF con estos hechos al exdirector de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo, Agustín Belda, y a María Paz Spínola, ex directora general de Urbanismo. Manuel Lorente Sánchez-Palencia y Emilio Martín Herrera, también se verían implicados. La tramitación de este asunto está muy en sus inicios.

Los mismos investigados se hallarían imersos en el expediente Progreso, centrado en supuestas irregularidades en los usos del edificio que alberga la sede del PP, en el barrio del Zaidín. La jueza dispuso la apertura de esta pieza el 7 de julio del año pasado, al igual que de la del expediente Campus, y tampoco se halla muy avanzada.

En la pieza San Jerónimo se analizan supuestas irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, por la desviación de un barranco, así como en la concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la luz, construido por J. J. y próximo a Kinépolis. Fue una de las operaciones por las que estalló el caso, pues centró una de las dos querellas de la fiscalía que derivaron en 'la Nazarí'. En esta pieza se vería implicado, además de los principales, el funcionario Gaspar Navarro.

En cuanto a los expedientes que ya se encuentran archivados son Parkings, Registrador y PP-T1, si bien el futuro del segundo depende del Tribunal Supremo. Y es que Ramón Arenas recurrió el sobreseimiento, al entender, en contra de lo establecido por la Audiencia, que sí hubo alcance penal en las obras que se llevaron a cabo en un local de la calle Tórtola de la capital para albergar las oficinas de un registrador. La pieza Parkings se archivó por estar prescritos los hechos y la restante por apreciar la jueza que era «cosa juzgada».

Los tres acusados en el expediente Obispo, Torres Hurtado, Nieto y el exjefe de Licencias, han estado representados por los abogados penalistas Pablo Luna y Ernesto Osuna, que habían solicitado la libre absolución y que seguirán defendiendo su inocencia en estas otras piezas. Ambos confían en que «tengan el mismo desenlace».