La comisión consultiva designada por el Gobierno para resolver dónde van las agencias estatales se reunió este lunes 5 de diciembre. Analizó las 16 candidaturas recibidas para albergar el organismo de supervisión de inteligencia artificial –dos de ellas incluidas aunque llegaron fuera de plazo–. Y ... esa misma mañana aprobó un dictamen que remitió sobre la marcha al Consejo de Ministros junto al informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Llegaron tres finalistas de «excelencia»: A Coruña, Alicante y Granada. Y la comisión acordó «recomendar» la elección de la ciudad gallega.
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La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, anunció la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En Granada solo esperaban que se resolviera el destino de la agencia espacial y que –salvo sorpresa– fuese a parar a Sevilla.
Sin embargo, el Gobierno decidió resolver en una misma mañana los dos organismos y evitar de esta forma las especulaciones de aquí a final de año, cuando se agotaba el plazo fijado. El anunció suscitó una reacción en bloque de todas las instituciones granadinas, que exigieron el lunes por la tarde conocer la baremación y los informes manejados.
La primera justificación que dio el Gobierno cabe en un folio de la referencia del Consejo de Ministros; con argumentos tan singulares como que con la candidatura de A Coruña se «potencia el español y las lenguas cooficiales como factores de crecimiento y competitividad a través de un ecosistema de innovación e inteligencia artificial».
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El dictamen supuestamente completo se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Son 36 folios repletos de valoraciones y apreciaciones subjetivas y donde, paradójicamente, siguen sin aparecer la puntuación de las tres finalistas. En cambio, sí se detallan hasta 21 ítems a evaluar, con un total de 87 puntos.
En la primera parte del dictamen se hace un recorrido únicamente por la propuesta de A Coruña, sin contraponerla con las cifras de ninguna otra candidata. Datos que no se sostienen –ni en lo bueno ni en lo malo– si se enfrentan a los de Granada. La renta media gallega es de 11.453 euros. Es cierto que la de la capital granadina es de 13.251, pero también que 128 de los 174 pueblos de la provincia están por debajo del umbral de 10.000 euros. Si uno de los motivos principales para descentralizar organismos del Estado es el de propiciar el desarrollo de zonas desfavorecidas, esta vez, a Granada tendría que haberle venido bien que en algunas cosas le vaya siempre tan mal.
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Igual sucede con la tasa de desempleo: el 10,9% en A Coruña frente al 22,1% de Granada. «A Coruña obtiene una puntuación inferior a la de otras candidaturas», admite incluso el dictamen. Mayor ligereza hay cuando se aborda el fenómeno de la despoblación con proyecciones del Gobierno sobre habitantes con más de 65 años en 2035 y se obvia que 119 pueblos de Granada han perdido vecinos en la última década. La sensación es que el dictamen hace suyos sin más los argumentos incluidos en la memoria presentada por A Coruña.
Por contra, se subrayan los compromisos que adquiere la candidatura gallega con el personal que se instale en la agencia; por ejemplo, un bono del Ayuntamiento para la adquisición de vivienda de hasta el 60% de los intereses o 500 euros para el alquiler. No obstante, no hay ningún «compromiso relativo a la asunción de costes financieros». Promesas de humo.
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Y se vuelve a insistir en el aspecto del idioma: «La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial sería un activo esencial para materializar la convivencia de lenguas oficiales en el territorio».
El dictamen pasa luego a detallar el «procedimiento y la metodología», con una escala de 0 a 3 por cada criterio; donde el máximo se supone que corresponde a «excelente». Y acto seguido hace un repaso individualizado de las tres finalistas pero sin ninguna referencia numérica.
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Desglosa los 21 items con una descripción sin mayor grado de contraste. Y a cada uno de ellos apunta una apreciación subjetiva difícil de cuantificar. Se dan casos como el punto C6 –sobre empresas TIC–, donde A Coruña obtiene una «valoración muy positiva» y Granada un «excelente». O el C1 –sobre la red de acceso por medios de transporte–, apartado donde se 'puntúa' A Coruña de «forma magnífica» y a Granada en modo de «excelencia».
Hay cuatro aspectos, los relacionados con la investigación e iniciativas públicas y empresariales, donde el dictamen publicado en el BOE ni siquiera se pronuncia sobre los méritos de Granada, aunque recoge una lista amplia de los mismos.
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Aún así, y pese a la vaguedad de las valoraciones, A Coruña obtiene –siempre según el dictamen hecho público– diez 'excelentes' o similares mientras que Granada suma doce.
Además, la candidatura gallega no llega a presentar análisis de impacto económico, social e industrial, por lo que resulta difícil medir el impacto y beneficio que supondrá la implantación de la agencia estatal.
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