Vallejo, condenado a 7 años de prisión y Zarrías y Lozano a 9 de inhabilitación por el caso ERE

La Audiencia de Sevilla ha condenado al exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías a nueve años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE. A siete años y un día de prisión y 18 de inhabilitación absoluta por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación ha sido condenadoel exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo. Por su parte el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano ha sido condenado también a nueve años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación.

Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pedía diez años de inhabilitación para Zarrías y Lozano, uno más de los que finalmente recoge la condena.

Gaspar Zarrías fue consejero de Presidencia hasta 2009, cuando abandonó la Junta de Andalucía, fue la mano derecha de Chaves en cinco de sus seis mandatos. Él se encargó de dirigir y coordinar las reuniones previas a los Consejos de Gobierno en las que se abordaban los asuntos a considerar en éstos. Pero según aseguró ante el tribunal, en esos «consejillos» nunca se bajó al detalle de las cuantías económicas de cada ayuda para una empresa, ni tenía por qué conocer esas decisiones que se tomaron sobre las mismas. Así, ante el juez Zarrías minimizó el mito que le convertía en el político más poderoso de la región, a quien el PP señaló además como uno de los muñidores de esta trama por su conexión con Juan Lanzas, el ex sindicalista que medió en la tramitación de muchas de las regulaciones de plantilla sospechosas.

Francisco Vallejo fue responsable de Innovación entre 2004 y 2009, al igual que el resto de imputados se agarró al desconocimiento del detalle de la concesión de las ayudas. No obstante, la fiscalía cree que sí tenía conocimiento de los procedimientos con los que se daban esos fondos. Tampoco supo de los reparos del interventor general de la Junta, o de la existencia de alguna orden que regulara esas ayudas sociolaborales. «No le presté atención al tema porque yo estaba con 20.000 problemas», justificó. Más aún cuando el programa presupuestario para el pago de las mismas dependía de otra consejería, Empleo, pese a que el ente pagador, el IFA/IDEA, dependía de su área.