Junts y ERC vuelven a negociar al límite con el Gobierno para atar que la amnistía se aplique

Un cargo que daba la medida de cómo buscan cuadrar este delicado puzle los aliados de la investidura –una semana después de que el presidente arriesgara una severa derrota si no hubieran prosperado dos de sus tres reales decretos leyes gracias a las nuevas concesiones a Junts– describiendo el diálogo sobre la amnistía como una «negociación multinivel» en la que conviene ser «sigilosos, reservados y cautos». Una consigna que apunta a una suerte de conjura para evitar que las discrepancias afloren ante la evidencia de que en esto, como en el resto de asuntos de este cuatrienio, solo valdrá el concurso de todos los socios para que salgan adelante. Con el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, balizando las conversaciones sobre el asunto por ahora más espinoso del tercer mandato de Sánchez, los secesionistas buscan amarrar la ley con enmiendas «técnicas» pero también «políticas» que afectarían, si hay consenso, tanto a la exposición de motivos como al articulado.

A la espera de que se sustancien las enmiendas si acaban pactándose, Junts pretende garantizar que la norma «está blindada y se aplica lo antes posible»; lo que en ERC identifican, por pasiva, como restringir al máximo el riesgo de que la ley acabe tan trabada por jueces y tribunales que su aplicación no sea plenamente eficaz de acuerdo a lo que ambicionan las fuerzas soberanistas. La aplicación de la ley, –cuya aprobación se da por hecha aunque no antes de abril, toda vez que hasta febrero no pasará del Congreso al Senado y aquí el PP hará valer su mayoría absoluta para ralentizarla todo lo que el margen legal le permita– tropieza con la posibilidad, de la que también se tiene certeza, de que será impugnada ante el Constitucional y con la inquietud del secesionismo por las causas que tiene abierta la Audiencia Nacional contra los CDR y Tsunami Democràtic por presunto terrorismo. Una carpeta judicial, la de Tsunami, por la que están imputados Puigdemont y Marta Rovira, la secretaria general del ERC huida en Ginebra. La ley prevé amnistiar estos delitos, pero siempre que no haya sentencia firme.

La norma da dos meses de plazo a los jueces para empezar a aplicar la norma «sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos». Una previsión que distintos juristas creen poco menos que un mero formalismo –la amnistía de 1977 fijaba tres meses– teniendo en cuenta que una eventual cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Supremo al TC paraliza el procedimiento que se impugna, como lo hacen las cuestiones prejudiciales que tramita el Tribunal de Justicia de la UE. Lo que haría inane la supresión de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pactada la pasada semana por el PSOE y Junts y estrecharía el margen del Gobierno para poder nuevas garantarías a los independentistas. Una de ellas podría ser que el perdón se active sin necesidad de que los encausados tengan que pedirlo.