El Gobierno aclara la verdad sobre los cambios en las pensiones de clases pasivas

Clases Pasivas es un régimen especial de la Seguridad Social en el que están incluidos los funcionarios de carrera de, entre otras, la Administración General del Estado y la de Justicia, los militares, y los exministros, expresidentes del Gobierno y otros altos cargos. No obstante, con vistas a su futura extinción, desde el 1 de enero ya no incorpora nuevos funcionarios (pues éstos se integran en el Régimen General de la Seguridad Social actualmente).

De momento las prestaciones de este régimen están gestionadas por el Ministerio de Hacienda, pero el Gobierno aprobó el pasado mes de abril el traspaso de esta gestión a la Seguridad Social. La decisión ha dado lugar a cierta confusión y a la aparición de bulos que Escrivá se ha encargado de desmentir en Twitter.

En un mensaje publicado en la citada red social el ministro indica: «El bulo sobre las pensiones de las clases pasivas vuelve. Es un intento irresponsable de generar incertidumbre a sus pensionistas. Da igual la denuncia del @CSIFnacional y las claras explicaciones sobre la gestión de estas pensiones por @inclusiongob».

Escrivá hace referencia a un artículo publicado por Okdiario titulado 'Sánchez ordena desmantelar en octubre el sistema propio de pensiones de 900.000 funcionarios'. En este artículo el diario asegura que el 6 de octubre «las viejas estructuras que permiten aún hoy gestionar de forma autónoma estas prestaciones, deberán iniciar su desmantelamiento, con lo que el Gobierno podrá aplicar sobre esas pensiones el recorte o eliminación de derechos adquiridos que desee».

La propia revista de la Seguridad Social aclaró en abril que el traspaso en la gestión de las prestaciones no implicará «ningún cambio ni para los funcionarios de este régimen –en cuanto a las reglas de cotización o condiciones de acceso a la prestación-, ni para los beneficiarios de las prestaciones ya que, simplemente, hay un traslado en la gestión». Además aclaró que el traspaso no tendrá efectos económicos sobre la Seguridad Social y que «los fondos para abonar las prestaciones correspondientes de clases pasivas proceden de los Presupuestos Generales del Estado y así seguirá siendo».

Escrivá también ha hecho referencia en su tuit a una comunicación que hizo el CSIF en abril en la que denunciaba una campaña de desinformación contra el sindicato sobre el traspaso de clases pasivas a la Seguridad Social. Según indica CSIF, a través de Whatsapp se estaba difundiendo una nota que el sindicato publicó en 2011 acerca de una modificación del Régimen de Clases Pasivas que el Ejecutivo de Zapatero pretendía llevar a cabo. En esa nota de 2011 CSIF rechazaba la propuesta del Gobierno de alargar la edad de jubilación forzosa y de eliminar la jubilación voluntaria a los 60 años y 30 de servicios.

CSIF destacó en su comunicación del pasado mes de abril que la campaña de desinformación «pretende generar confusión y alarma en la opinión pública» y «confundir al colectivo de funcionarios con una propuesta del Gobierno de 2011 que finalmente no prosperó».

Por tanto, tal y como ya explicó la Seguridad Social, el traspaso sólo implicará un cambio en la gestión de las prestaciones de clases pasivas pero no una modificación en las reglas de cotización o condiciones de acceso a las prestaciones de los funcionarios.