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Alberto Flores
Granada
Lunes, 9 de enero 2023, 10:26
Importantes cambios en materia fiscal los que ya estamos experimentando en la entada del nuevo año. Y es que 2013 llega con novedades importantes en materia fiscal: cambios de cara a la declaración de la renta, cambios en las cuotas de los autónomos y ... también nuevos impuestos que afectan a los trabajadores. Es el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un nuevo tributo incluido en la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social.
Un nuevo impuesto que fue publicado en 2021 pero que hasta 2023 no tenía prevista su puesta en marcha. Y, ya en 2023, este nuevo tributo está en vigor y tiene como objetivo volver a engordar las huchas de las pensiones en España. Un mecanismo que, según Comisiones Obreras, sirve para frenar los recortes en la jubilaciones de las generaciones más jóvenes.
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La implantación del MEI se realizará a través de un pago que se restará directamente de la nómina de los trabajadores por cuenta ajena. Mientras que en el caso de los autónomos se incluirá en sus cuotas a la Seguridad Social. Este impuesto supone una subida de un 0,6% de las cotizaciones sociales de los trabajadores, de los cuales un 0,5% serán asumida por la empresa y un 0,1% por parte de los trabajadores.
En base a la cotización media, que se sitúa en los 1.976,42 euros, este impuesto supondrá la resta de 1,98 euros brutos mensuales. Y la empresa, por su parte, tendría que asumir en ese caso un pago de 9,88 euros al mes. Una cifra que desciende en caso de que el sueldo sea inferior al mencionado y que aumenta para los trabajadores con nóminas más altas.
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En cuanto al fin de este nuevo impuesto de 2023, el dinero recaudado se utilizará de forma exclusiva para paliar el gasto de las pensiones. De hecho, su implantación provocará un incremento del Fondo de Reserva que se activaría para que las pensiones no se vean afectadas en caso de problemas coyunturales entre los gastos e ingresos de la Seguridad Social.
Este impuesto finalizará en 2032, momento en el que el Gobierno analizará la situación de las pensiones y las previsiones de gasto de las mismas para conocer si con el dinero recaudado será posible no tener que reducir la cuantía de las mismas.
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