Las prostitutas también recibirán el ingreso mínimo vital

Según explica Igualdad, entre las medidas dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres muy vulnerables en contexto de prostitución, se contempla durante el estado de alarma reforzar la difusión de los teléfonos de información, la alternativa habitacional en situaciones de emergencia, así como la posibilidad de acceder al ingreso mínimo vital.

El Gobierno pretende que con ese ingreso se garantice «las condiciones mínimas de subsistencia«, siempre que cumplan los criterios acordados, a estas mujeres, muchas de ellas extranjeras en situación administrativa irregular, que en general viven en contextos de aislamiento social y sin apenas redes de apoyo, circunstancias que no les permiten estar familiarizadas con sus derechos y con los recursos del entorno.

Desde la declaración del estado de alarma, las entidades y ONG especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos, argumenta el Ejecutivo.

Para garantizar el derecho a la información de estas víctimas, se acuerda incidir en la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas, el teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata 900105090, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Asimismo, de cara a la detección e identificación de la víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, durante la inspección y cierre de hostales, hoteles y clubes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reforzarán la coordinación con las entidades, organizaciones y servicios especializados para asegurar la asistencia y protección a las víctimas.

El plan contempla que las víctimas de trata y explotación sexual, así como las mujeres en contexto de prostitución, podrán ser beneficiarias de las ayudas vinculadas a la vivienda del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, así como las administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a estas víctimas.

Con el refuerzo del plan de contingencia por el coronavirus contra la violencia de género, el Gobierno explica que cumple con la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis de COVID-19.