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Viernes, 23 de abril 2021
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó hace unos días las principales medidas de la reforma del sistema de pensiones que está elaborando su ministerio. Uno de los objetivos de esta reforma es alinear la edad efectiva de jubilación (que ... actualmente está por debajo de los 65 años) con la ordinaria. Para ello el ministerio propone incentivar la jubilación demorada y castigar la anticipada.
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En principio esta reforma no prevé modificar la edad ordinaria de jubilación. En 2021 se pueden jubilar con 65 años aquellas personas que hayan cotizado 37 años y tres meses o más. Los que hayan cotizado menos tendrán que esperar hasta los 66 años. No obstante, la edad de jubilación se encuentra actualmente en un periodo transitorio en el que va aumentando progresivamente. Este periodo culminará en 2027, momento a partir del cual podrán jubilarse con 65 años aquellas personas que hayan cotizado 38 años y medio. Los que hayan cotizado menos lo harán a los 67 años.
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Ya que la edad legal de jubilación no cambiará, para que aumente la edad efectiva la nueva reforma propone incentivar la jubilación demorada. A las personas que retrasen su jubilación se les dará a elegir entre tres incentivos: añadir a la pensión un porcentaje adicional del 4 % por cada año de demora, recibir un pago único o una combinación de los dos anteriores.
En caso de optar por la opción del pago único, la cuantía del mismo dependería de las cotizaciones y del importe de la pensión. Los trabajadores que hubieran cotizado menos de 44 años y medio podrían recibir un pago de entre 4786,27 y 10963,74 euros por cada año de demora, dependiendo del importe de su pensión anual. Los que hubieran cotizado más de 44 años y medio podrían percibir entre 5264,89 y 12060,12 euros por cada año de retraso de la jubilación.
Por otro lado, la reforma propone modificar los coeficientes reductores que se aplican a la pensión cuando se opta por la jubilación anticipada voluntaria. El ministerio plantea que los coeficientes reductores sean mensuales (actualmente son trimestrales) de forma que favorezcan la permanencia en el empleo al adaptarse mejor a cada situación y permitir decisiones más meditadas a cada trabajador. Según el ministro, en la mayoría de los casos estos coeficientes suponen menor penalización que actualmente. La propuesta del ministerio es la siguiente:
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- Para trabajadores con menos de 38 años y medio cotizados: coeficiente del 21 % para los que anticipen la jubilación 24 meses (actualmente es del 16 %). Si solo se adelanta un año se aplicaría un coeficiente del 5,50 % (actualmente es del 8 %).
- Para trabajadores que hayan cotizado entre 38 años y medio y 41 años y medio: coeficiente del 19 % por adelantar 24 meses la jubilación (actualmente es del 15 %). Si se anticipa un año, se aplicaría un coeficiente del 5,25 % (7,5 % es el actual).
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- Para trabajadores que hayan cotizado entre 41 años y medio y 44 años y medio: coeficiente del 17 % para los que anticipen la jubilación 24 meses (actualmente es del 14 %). El coeficiente que se aplicaría a los que adelanten 12 meses su jubilación sería del 5 % (actualmente es del 7 %).
- Trabajadores con más de 44 años y medio cotizados: coeficiente del 13 % para los que se jubilen 24 meses antes (igual que actualmente). A los que se jubilasen 12 meses antes se le aplicaría un coeficiente del 4,75 % (6,5 % es el actual).
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Escrivá ha indicado que el sistema planteado mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión. Esto provocaría que los coeficientes tuvieran los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima. El ministro también ha indicado que se revisarán los coeficientes reductores de jubilación anticipada involuntaria en línea con los de la voluntaria, de forma que también pasarían a ser mensuales, menores en la mayoría de los casos y con un mejor tratamiento para las carreras de cotización más extensas.
En cuanto a la cuantía de la pensión, la reforma propone revalorizar las pensiones basándose en el IPC del año anterior. En el supuesto de que la inflación fuese negativa, las pensiones no se reducirían. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia, salvo en el caso de las pensiones mínimas, a las que no se aplicaría esta compensación.
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Si bien este era el plan del Gobierno, después de la reunión que el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arrollo, ha mantenido con representantes de los sindicatos y de las patronales, la fórmula podría cambiar. El ministerio y los agentes sociales han acordado que finalmente las pensiones se actualizarán cada año con la inflación del anterior pero no habrá ningún tipo de compensación o rebaja en caso de que el IPC sea negativo.
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