Derechos humanos

Más de 2.500 inmigrantes sin papeles en Granada confían en la regularización

Esta semana el Congreso de los Diputados ha aceptado a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demanda la regularización de 500.000 personas migrantes sin papeles en el país. Su promotor, Agustín Ndour, granadino de origen senegalés, busca para los demás su misma suerte.

Esta propuesta, que está en la casilla de salida de un largo proceso administrativo, es un horizonte que quizás no sea alcanzable, pero sirve de faro y luz guía para muchos que durante dos años han movido firmas hasta lograr que al menos se debata la medida en las Cortes. De prosperar, de acuerdo con la estimación de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), 80.000 personas podrán regularizar su situación en Andalucía. En la provincia la misma organización apunta que al menos son 2.500 vidas las que se beneficiarían de la medida popular.

Las personas indocumentadas son difíciles de registrar. Las cifras solo pueden mostrar de soslayo una parte de la realidad. No hay censos para ellos, a muchos se les niega incluso el empadronamiento y solo queda un rastro, una pequeña aproximación gracias a los datos de benefactores de la asistencia sanitaria o de los servicios sociales. El acceso a una vivienda, a un trabajo regulado, poder viajar, desplazarse libremente y sin miedo son factores que separan a una persona sin papeles de un ciudadano granadino de pleno derecho.

«Obtener los papeles es un cambio drástico. Supone la integración jurídica, laboral y la participación en la sociedad civil. Sin papeles no puedes tener voz, estás paralizado y no existes legalmente», cuenta Agustín Ndour. «Sales a la calle. Miras de un lado a otro como si fueras un criminal por si la Policía te pide la documentación y acabas en un CIE con la posibilidad de ser deportado con lo puesto», destaca. No es la primera vez que se producen estas regulaciones extraordinarias. Ndour logró por este proceso sus papeles en 2001.

En total, en la historia democrática se contabilizan seis. La primera, tuvo lugar entre 1991 y 1992, bajo un Gobierno socialista que benefició a 108.321 personas. Posteriormente, en 1996, con el PP en el poder, se llevó a cabo otro proceso donde 21.294 inmigrantes ganaron derechos.

En el año 2000, otras 163.352 peticiones fueron aprobadas. En 2001, la denominada «regularización por arraigo», favoreció a 239.174 inmigrantes. El último proceso de regularización extraordinaria fue hace casi 20 años, en 2005, y trajo tranquilidad para casi 700.000 personas.

Marina Carbonell, directora de Granada Acoge, explica que para acceder al permiso de residencia se debe de demostrar una permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años (arraigo social), lo que «condena» durante todo ese tiempo a una persona a la clandestinidad. El plazo se puede reducir a dos años si se solicita una autorización de residencia temporal para arraigo de formación, es decir, un permiso para que las personas puedan obtener una residencia temporal con una vigencia de un año si hacen una formación. El 60% de las personas que atiende la asociación son inmigrantes regulares a los que se les ayuda con su tramitación, el acceso a empleo a una vivienda. «Si para muchos es complicado tal y como está el sistema, imagínense para un extranjero», subraya.

Ventajas para la sociedad

Por su parte, La abogada Margarita Arango, especializada en la asistencia a personsa migrantes, afirma que ha recibido un aluvión de consultas a raíz de la tramitación de la IPL. «Ha creado una expectativa muy grande en la población que cumple los requisitos e iniciaron su proceso a partir del uno de noviembre de 2021», resume. La letrada señala que la iniciativa busca regularizar a aquellos que puedan acreditar una residencia continuada en España de al menos dos años, una ficha libre de antecedentes penales, así como un contrato de trabajo en vigor o demostrar estar integrados en la sociedad.

La aprobación que se ha logrado en el Congreso supone iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos políticos, algo que podría «alargar años o frustrar» la iniciativa. En cambio, si todo marcha favorablemente, el Gobierno podría sacar adelante un real decreto que establezca el procedimiento para regularizar administrativamente a los extranjeros en los próximos meses. La nacionalidad va por otros cauces que no son administrativos que exige una residencia de 10 años, salvo en varios supuestos.

Arango, de origen colombiano, tiene la perspectiva de la persona migrante y lleva cinco años allanando el camino a los que ahora atraviesan por eso. «Cuando no tienes documentos eres completamente invisible para la sociedad. Con papeles no se niegan a empadronarte, cotizas, tienes derechos sociales y políticos... Ojalá no se frustre la IPLporque tiene un gran trasfondo social. Es un clamor popular», apunta.

A diferencia de lo que se pueda pensar, la regularización lleva aparejada también beneficios económicos para el resto de los españoles. «Es una auténtica lucha regularizarse para trabajar y el sistema español pide a gritos mano de obra», insiste Arango. Los trabajadores irregulares pagan solo impuestos a través de su consumo (IVA). El empleo dentro de la economía sumergida les impide realizar aportaciones fiscales directas. Las ONGs que han impulsado la iniciativa consideran que las arcas ingresarán más de 3.500 euros al año por persona regularizada.

Sin embargo, para las organizaciones, más allá de las cuestiones económicas, debería primar la dignidad humana. Arango narra cómo algunas mujeres con las que ha trabajado se han visto obligadas a ejercer la prostitución al no poder acceder con normalidad al mercado laboral. «La residencia supone para personas vulnerables el inicio de una nueva vida. Es cuando su proyecto migratorio cobra sentido», concluye la abogada.

Cuando el sistema falla o la ley no se ajusta del todo a la realidad social, afortunadamente, como una gran cadena de favores, hay una red de acogida entre asociaciones, voluntarios y personas que han pasado por eso que sostienen a los recién llegados. APDH es uno de los eslabones de esa cadena. Diego Boza, su coordinador, explica a IDEAL que es primordial para estas personas «salir de la clandestinidad». «Hay que entender que están indefensos, no pueden presentar si quiera una denuncia si les sucede algo porque les puede generar problemas migratorios», valora. «Conocemos personas que para ir a comprar aprovechan el cambio de turno de la Policía, trabajamos con niños que no pueden ir a sus viajes de estudios por miedo a represalias. Puede parecer trivial, pero no lo es. No le deseo a nadie una vida al margen, una vida con pavor», espeta.

La organización insta a continuar el trabajo para conseguir la regularización y mejoras en larecepción de inmigrantes. Queda un camino largo. Solo dos veces en la historia de España han prosperado Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y han terminado convirtiéndose en leyes.